Por Gabriela Cárdenas Redacción Agenda Plural
El dilatado conflicto judicial que gira en torno a la percepción simultánea de dos asignaciones mensuales vitalicias por parte de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó en su fase resolutiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta en su acuerdo con los proyectos de voto que saldarán de manera concluyente un litigio administrativo de más de una década, con consecuencias de hondo impacto institucional y presupuestario.
El debate técnico se ancla en la aplicación del artículo 5° de la Ley 24.018, norma que regula las prestaciones honoríficas otorgadas a expresidentes, exvicepresidentes y magistrados supremos. Dicha disposición consagra una incompatibilidad taxativa entre la asignación presidencial y cualquier otro ingreso proveniente de regímenes previsionales nacionales, provinciales o municipales. La controversia radica en si esa prohibición alcanza también a las pensiones derivadas del fallecimiento de un cónyuge exmandatario o si debe interpretarse como un derecho adquirido e inescindible.
Los cambios de criterio en la ANSES y la vía extraordinaria
A lo largo del tiempo, la postura del organismo previsional experimentó giros sustanciales. Durante la gestión de Cambiemos, la ANSES dictó la suspensión del pago acumulado e intimó a la exmandataria a optar por una sola de las dos asignaciones, reclamando la restitución de sumas percibidas. Con el posterior recambio gubernamental en 2019, la dirección ejecutiva de ANSES revirtió ese criterio, reconociendo el cobro acumulado y liquidando montos retroactivos de gran envergadura.
Consecuencias económicas y el debate sobre los regímenes especiales
El pronunciamiento de la Corte Suprema se produce en un clima de escrutinio generalizado sobre el gasto del sistema de seguridad social. Una ratificación de la doble asignación consolidará el derecho previsional de la beneficiaria pero avivará la polémica sobre los esquemas diferenciales de la dirigencia política frente a los haberes mínimos jubilatorios. En contrapartida, una declaración de incompatibilidad obligará a reformular la liquidación y abrirá un complejo capítulo de ejecución patrimonial.
Cronología del litigio previsional
El derrotero judicial y administrativo comprende momentos clave como la Resolución de Suspensión de 2016, la Restitución Administrativa de 2020, los planteos judiciales que llegaron al fuero federal entre 2023 y 2025, y la actual instancia definitiva de 2026 en donde la Corte Suprema resolverá el fondo de la controversia constitucional.
Malena Quiroga
Periodista, editora y Project Manager con experiencia en cobertura parlamentaria y gestión pública. Coordina la agenda diaria y supervisa los procesos de verificación de la redacción.