El litigio por los recursos del sistema universitario nacional atraviesa una instancia determinante en los estrados judiciales. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, encabeza este viernes una audiencia de conciliación e informe técnico que reúne a representantes del Ministerio de Capital Humano y Economía con autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El propósito medular de la convocatoria reside en concertar una pauta concreta y calendarizada para dar estricto cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional, cuya medida cautelar fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La brecha entre el equilibrio fiscal y la operatividad académica
Mientras el Ejecutivo sostiene que los aumentos presupuestarios deben encuadrarse dentro de los márgenes de disciplina financiera del Estado, las universidades públicas enfatizan el deterioro acumulado de los haberes docentes y no docentes, que representan más del 85% de los gastos corrientes del sistema.
Los rectores nucleados en el CIN puntualizan que la retención de talentos académicos e investigadores está en riesgo crítico frente a ofertas del sector privado y del exterior, al tiempo que los centros de salud dependientes de las universidades —como el Hospital de Clínicas— requieren insumos urgentes para sostener la atención sanitaria.
Exigencia de recomposición frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Actualización de estipendios para evitar la deserción de cursantes de menores recursos.
Partidas específicas de funcionamiento e insumos de alta complejidad médica.
No se trata de una discusión abstracta de números, sino de la viabilidad de las aulas, laboratorios y hospitales donde se forman los profesionales de todo el país.
Puntos que definirá la Justicia
El tribunal busca establecer un cuadro técnico homogéneo que impida la confrontación de cifras dispares entre las carteras gubernamentales y las casas de altos estudios. La resolución judicial definirá si se fijan plazos perentorios de giro de fondos y qué mecanismos de verificación mensual se implementarán para supervisar las transferencias.