El Gobierno dispuso el cese de Marcelo Alejandro Nimo como agregado especializado en Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada argentina en España. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 588/2026, fechado el 13 de julio y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El documento oficial ofrece el dato central verificable y corrige dos imprecisiones frecuentes: su nombre completo era Marcelo Alejandro Nimo y el cargo alcanzado por el decreto no era el de diplomático de carrera.
Nimo había sido designado en agosto de 2024 por el Decreto 722/2024. Su función estaba vinculada a la captación de inversiones y a la promoción comercial en la representación argentina en Madrid. El cese se produjo después de un conflicto público con el embajador Wenceslao Bunge Saravia, pero el decreto no describe esa disputa ni la incorpora como causa jurídica explícita.
Qué dice el decreto
La norma señala que el funcionamiento eficiente de la representación exige una actuación acorde con los lineamientos, directrices e instrucciones del Estado nacional en política exterior. Sobre esa base, el Poder Ejecutivo resolvió finalizar la designación. El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.
La intervención de Economía responde a que el cargo especializado había sido creado y asignado en el área de promoción de inversiones y comercio. Cancillería participó por tratarse de una función dentro de una embajada. El decreto también consigna que los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios tomaron intervención antes de la decisión.
El conflicto en la representación de Madrid
Antes de la publicación, trascendió una discusión entre Nimo y Bunge Saravia por el uso de un despacho en la sede diplomática. Nimo cuestionó públicamente la decisión del embajador y el episodio escaló dentro de la representación. Esa reconstrucción proviene de cobertura periodística y debe distinguirse del contenido del decreto, que no ofrece detalles sobre oficinas, intercambios personales ni publicaciones en redes.
La diferencia es importante. Una decisión administrativa puede coincidir temporalmente con un conflicto sin que todos los aspectos difundidos formen parte de su fundamento formal. La norma alude a eficiencia y alineamiento con instrucciones de política exterior. Atribuirle una sanción disciplinaria específica exigiría un expediente o una explicación oficial adicional que no aparece en el texto publicado.
Un cargo político dentro de una embajada
El Servicio Exterior argentino cuenta con diplomáticos de carrera y también con designaciones políticas o especializadas. Nimo había ingresado como agregado especializado, una categoría diferente de los funcionarios que desarrollan su trayectoria mediante concursos y ascensos del cuerpo permanente. Por eso, describirlo simplemente como “el diplomático removido” puede generar una idea incorrecta sobre su situación estatutaria.
El Poder Ejecutivo posee facultades para designar y remover este tipo de cargos, dentro de las normas aplicables. El decreto cita el artículo 99, inciso 7, de la Constitución y las leyes 20.957 y 24.190. La terminación de la función en Madrid no equivale por sí sola a una sanción penal, una inhabilitación profesional ni una conclusión sobre la totalidad de su desempeño.
Quién es el embajador involucrado
La controversia ocurrió durante la gestión de Wenceslao Bunge Saravia al frente de la embajada. Algunas versiones lo mencionaron con nombres incorrectos, por lo que conviene conservar la identificación que figura en la información oficial de la representación. El embajador dirige la misión y coordina a sus integrantes según las instrucciones de Cancillería.
Los desacuerdos internos pueden tramitarse por canales administrativos. Cuando se trasladan a redes sociales, adquieren una dimensión pública que afecta la imagen institucional y exige respuestas de las autoridades. Esa consideración general no permite afirmar qué conversación privada motivó la decisión en este caso; sólo ayuda a explicar por qué la coordinación es un elemento central en una representación exterior.
Qué debe verificarse después del cese
La finalización del cargo dejó pendiente la reorganización del área de inversiones y comercio. Para conocer si hubo un reemplazo, corresponde revisar decretos, resoluciones y la nómina actualizada de la embajada. También debe comprobarse si las funciones fueron absorbidas temporalmente por otro integrante. No es responsable inferir un sucesor a partir de versiones sin documento.
El hecho confirmado es concreto: el Decreto 588/2026 cesó a Marcelo Alejandro Nimo en el cargo para el que había sido designado en 2024. El conflicto por el despacho integra el contexto periodístico, pero no debe presentarse como una causal escrita en la norma. Separar ambos planos ofrece una reconstrucción más precisa y evita transformar una medida administrativa en una conclusión disciplinaria que el documento no expresa.
La corrección del nombre en título, metadatos y cuerpo es especialmente importante porque una identificación incompleta puede atribuir la medida a otra persona. Los buscadores y los datos estructurados deben utilizar “Marcelo Alejandro Nimo”, tal como aparece en el decreto, y vincular el cese con su cargo exacto.
La nota de archivo también debe mantener diferenciadas las fechas: el decreto fue firmado el 13 de julio y publicado el 14. La segunda es la que hizo pública y verificable la decisión. Si existió una comunicación interna anterior, sólo corresponde incorporarla cuando haya documentación o una fuente claramente atribuida.