El Programa de Ciudadanía por Inversión comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. El anuncio oficial definió dos vías económicas, pero también un proceso de control que involucra a organismos migratorios, financieros, de seguridad e inteligencia.
Dos mecanismos y montos distintos
La opción principal consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La alternativa es suscribir por US$800.000 un título público creado específicamente para el programa. El comunicado del Ministerio de Economía no detalló todavía plazo, rendimiento ni condiciones de salida de ese instrumento, aspectos que deberán conocerse antes de comparar ambas vías.
El esquema admite familiares. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 por persona; para menores de 18 años, el monto anunciado es de US$25.000. Así, el Gobierno calculó en US$500.000 el aporte de una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores.
Qué controles se anunciaron
Los fondos deberán ingresar por el sistema financiero formal. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión coordinará la evaluación con la SIDE, la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Seguridad e Interior. El procedimiento incluirá identidad, origen y trazabilidad del dinero, situación patrimonial, antecedentes penales y reputacionales, riesgo de la jurisdicción de procedencia e historial migratorio.
La decisión final no quedará en manos de la Agencia: su función será elaborar una recomendación para la Dirección Nacional de Migraciones, que aprobará o rechazará la solicitud. Ese reparto de funciones busca separar la revisión técnica de la resolución administrativa.
Lo que todavía falta conocer
El anuncio fijó montos y controles generales, pero no publicó el formulario, los tiempos de evaluación, el régimen del título público ni los criterios detallados para considerar relevante una inversión. Tampoco corresponde describir el programa como una ciudadanía automática: el aporte habilita la solicitud, no garantiza su aceptación.
La Ley 346 y los decretos que organizaron la Agencia forman el marco jurídico del mecanismo. Su aplicación efectiva podrá evaluarse cuando se publiquen reglas operativas, estadísticas de solicitudes, rechazos y aprobaciones, y el destino verificable de los recursos obtenidos.