Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación con un horizonte de cinco años para reforzar la prevención y la respuesta frente a la trata de menores, especialmente cuando existe explotación sexual. El plan combina protección de víctimas, investigación penal y coordinación entre organismos públicos y organizaciones sociales.
El Ministerio de Justicia informó que Juan Bautista Mahiques y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau suscribieron el Pacto para la Protección de la Infancia el 22 de octubre en el Palacio San Martín. También participó de una reunión trilateral el canciller Pablo Quirno.
Los cuatro ejes del acuerdo
El programa establece tareas de prevención, asistencia integral a quienes sufrieron el delito, fortalecimiento de la investigación y persecución penal, y articulación entre niveles de gobierno y sociedad civil. La formulación exige que esas líneas se conviertan luego en acciones, responsables y metas verificables.
La Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado apoyará el desarrollo de capacidades. El Ministerio de Justicia argentino tendrá a su cargo la coordinación local y el seguimiento de las medidas que implementen los organismos involucrados.
Qué significa la calificación internacional
El informe estadounidense sobre trata de personas ubicó a Argentina en 2026 dentro del Nivel 1. Esa categoría indica que el Gobierno cumple los estándares mínimos definidos por la legislación de Estados Unidos; no significa que el delito haya desaparecido ni que todos los mecanismos de protección funcionen sin dificultades.
El pacto incorpora reuniones anuales con las partes y las organizaciones ejecutoras. Esas instancias deberían permitir comparar avances, identificar obstáculos y ajustar el programa. La utilidad del esquema dependerá de que se publiquen indicadores sobre detección, asistencia, investigaciones y resultados judiciales sin exponer a las víctimas.
Coordinación y protección efectiva
La respuesta contra la trata requiere que fuerzas de seguridad, fiscalías, justicia, salud, educación y áreas sociales compartan protocolos sin revictimizar. El portal ya analizó un acuerdo entre Nación y Córdoba sobre acceso a justicia y atención a víctimas, antecedente que muestra la importancia de articular capacidades entre jurisdicciones.
El nuevo instrumento aporta un marco temporal y cooperación internacional, pero su evaluación deberá basarse en medidas concretas. Los primeros datos relevantes serán el calendario de implementación, los organismos responsables, los recursos asignados y la forma en que las víctimas accedan a protección y restitución de derechos.