La Autoridad Nacional de la Competencia ordenó al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires dejar de usar sus facultades para obstaculizar a matriculados que trabajan mediante franquicias. El Tribunal de Defensa de la Competencia también impuso una multa de 200.000 unidades móviles, equivalentes a $290.010.000 al momento de la resolución.
La decisión difundida por la ANC concluyó que el CUCICBA abusó de una posición dominante derivada de su control sobre la matrícula y del poder disciplinario delegado por la Ciudad. El Colegio dispone de quince días hábiles desde la notificación para apelar.
Qué conducta cuestionó el organismo
La investigación comenzó por una denuncia de RE/MAX Argentina y de corredores vinculados con ese sistema. Según la resolución, los franquiciados representan menos del 2% de los matriculados, pero concentraron el 20% de las causas disciplinarias iniciadas desde 2016.
El organismo sostuvo además que hubo rechazos de matrículas basados en requisitos no previstos por la ley y comunicaciones que presentaban el modelo de franquicia como ilegal pese a que no existía una declaración judicial en ese sentido. La decisión exige aplicar las mismas reglas con independencia de la organización comercial elegida.
Una regulación con doble función
El caso pone el foco en una característica del sistema porteño: el Colegio administra el acceso a la matrícula, disciplina a los corredores y, al mismo tiempo, está dirigido por profesionales que compiten en el mismo mercado. Para la autoridad, esa combinación puede generar conflictos de interés si las decisiones regulatorias favorecen un modelo de negocios sobre otro.
La resolución no elimina la matrícula ni modifica por sí sola la ley local. Obliga al Colegio a cesar las prácticas observadas, publicar la decisión durante treinta días y dejar de atribuir ilegalidad a conductas que no hayan sido declaradas ilícitas por un tribunal.
Qué podría cambiar para usuarios y profesionales
La ANC recomendó al Ministerio de Desregulación evaluar si la matrícula obligatoria debe mantenerse y revisar exigencias como el título universitario y la residencia. A las autoridades porteñas les propuso limitar los requisitos a los fijados por ley y someter las decisiones del Colegio a control estatal.
Esas recomendaciones no producen efectos automáticos: requieren decisiones normativas de Nación o Ciudad. Mientras tanto, el impacto inmediato dependerá de si la resolución queda firme, de cómo CUCICBA adecua sus procedimientos y de la eventual revisión judicial. Para consumidores, el punto central será comprobar si la apertura amplía opciones sin debilitar controles profesionales y garantías sobre las operaciones.