La Legislatura bonaerense contó para 2026 con un presupuesto conjunto cercano a los 378.000 millones de pesos, distribuido entre la Cámara de Diputados y el Senado. La cifra volvió a quedar bajo discusión por la baja cantidad de sesiones ordinarias durante el primer semestre. El contraste es relevante, pero necesita una lectura precisa: dividir todo el presupuesto por cada banca ofrece una referencia matemática y no representa el salario que recibe cada legislador.

La Cámara baja tiene 92 integrantes y el Senado, 46. Si se repartiera de manera puramente ilustrativa el crédito total entre las 138 bancas, el resultado superaría los 2.700 millones de pesos anuales por escaño. Sin embargo, el presupuesto sostiene personal, edificios, sistemas, comisiones, taquígrafos, seguridad, administración, bloques y otras funciones. Presentar ese cociente como “costo de cada diputado o senador” sin esta aclaración sería engañoso.

Qué muestran los números oficiales

La información presupuestaria provincial asignó aproximadamente 222.800 millones de pesos a Diputados y 156.200 millones al Senado. En conjunto, los créditos equivalen a más de 1.000 millones por día si se divide el total anual por 365. Esa cuenta sirve para representar la escala institucional, pero tampoco indica que el dinero se gaste de manera uniforme ni que toda la partida se ejecute.

Para evaluar el costo real hacen falta datos de ejecución: cuánto se devengó, en qué programas, qué proporción correspondió a salarios, contratos, infraestructura y funcionamiento de los bloques. El presupuesto es una autorización máxima de gasto, no un comprobante de pago. Compararlo con partidas sociales también exige usar la misma clasificación, el mismo período y valores actualizados.

Un comienzo de año con actividad demorada

La discusión se intensificó porque la Cámara de Diputados programó su primera sesión ordinaria para el 28 de mayo, casi tres meses después de la apertura del período legislativo. Durante ese lapso, la demora en la integración de 47 comisiones permanentes limitó el tratamiento regular de proyectos. El Senado también atravesó retrasos en la conformación de sus comisiones y mantuvo pendiente su primera sesión ordinaria durante buena parte del semestre.

La ausencia de sesiones no significa que toda tarea parlamentaria se detenga. Existen reuniones de comisión, presentación de proyectos, pedidos de informes, trabajo administrativo y negociaciones entre bloques. Pero el recinto es el ámbito donde se debaten y votan las leyes, se formalizan decisiones y queda un registro público completo. Una actividad reducida afecta la capacidad de convertir iniciativas en normas y de ejercer control sobre el Ejecutivo.

Cómo medir la productividad legislativa

Contar sesiones es un indicador necesario, aunque insuficiente. Una reunión extensa puede sancionar varias leyes relevantes y otra puede limitarse a declaraciones. También deben analizarse cantidad y calidad de proyectos tratados, asistencia, funcionamiento de comisiones, tiempo entre ingreso y dictamen, acceso público a documentos y cumplimiento de pedidos de informes. La evaluación mejora cuando combina esos datos en lugar de reducir todo a una cifra.

Los proyectos presentados tampoco equivalen automáticamente a trabajo útil. Una iniciativa puede repetirse, quedar sin estudio o tener un alcance menor. Por eso conviene seguir el recorrido completo: presentación, debate en comisión, dictamen, tratamiento en ambas cámaras y promulgación o veto. Publicar esa trazabilidad permite identificar bloqueos políticos y distinguir entre actividad formal y resultados legislativos.

Transparencia sobre personal y contrataciones

El tamaño de las estructuras legislativas forma parte del debate. Para que la ciudadanía pueda evaluar el gasto, ambas cámaras deberían ofrecer de manera accesible sus nóminas, escalas, contratos, compras, licitaciones, ejecución mensual y distribución por programa, con resguardos adecuados para datos personales. Una cifra global no permite saber si existen duplicaciones ni qué recursos sostienen directamente la elaboración y el control de leyes.

La autonomía financiera del Poder Legislativo protege la división de poderes, pero no lo exime de rendir cuentas. La publicación de información comparable entre años ayudaría a verificar si el aumento responde a inflación, ampliación de planta, inversiones o nuevos servicios. También permitiría comparar el gasto ejecutado con la cantidad de jornadas, expedientes y normas aprobadas sin caer en equivalencias simplistas.

Una discusión sobre funcionamiento, no sólo sobre costo

El punto central es si la Legislatura cumple de forma oportuna sus tareas de representación, sanción de leyes y control. El monto presupuestado adquiere mayor relevancia cuando comisiones y recintos permanecen inactivos por disputas internas. En cambio, una agenda pública, regular y documentada permite evaluar resultados y responsabilidades. La crítica debe dirigirse a decisiones comprobables y no a suponer que cada peso integra la remuneración de un legislador.

La mejora posible combina previsibilidad de sesiones, integración temprana de comisiones, publicación de asistencia y votaciones, ejecución presupuestaria abierta y seguimiento de proyectos. Esos instrumentos no determinan qué leyes deben aprobarse, pero permiten conocer cómo funciona el poder encargado de debatirlas. El control democrático necesita tanto información financiera como evidencia concreta de actividad.

La publicación periódica de datos abiertos permitiría realizar ese control sin depender de filtraciones ni estimaciones parciales.