El Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de Catamarca firmaron dos acuerdos para avanzar en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y reforzar la investigación del microtráfico de drogas. Los convenios fueron suscriptos por el ministro Juan Bautista Mahiques y el gobernador Raúl Jalil.
La comunicación oficial sobre los acuerdos define cuatro líneas de cooperación: asistencia técnica, capacitación, herramientas tecnológicas e intercambio de información. El anuncio no establece todavía un calendario público de implementación ni detalla los recursos asignados.
Dos problemas con respuestas institucionales diferentes
Catamarca se convirtió en la quinta provincia que suscribe un convenio nacional para implementar el Régimen Penal Juvenil, después de Mendoza, Salta, La Pampa y Santa Cruz. El acuerdo incluye capacitación para los equipos que aplicarán la Ley 27.801 y disponibilidad recíproca de supervisores especializados en causas federales y provinciales.
El segundo convenio convirtió a Catamarca en la sexta provincia adherida al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes, después de Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Neuquén.
Información y tecnología como ejes comunes
Para el régimen juvenil, el Ministerio pondrá a disposición de la provincia una plataforma informática destinada a gestionar supervisores, seguir las medidas y producir información sobre la implementación nacional.
En materia de microtráfico, la asistencia comprenderá un diagnóstico provincial, un anteproyecto de ley de desfederalización y el diseño de un Plan Estratégico de Persecución Penal ante una eventual transferencia de competencias a la justicia catamarqueña.
Una agenda federal en construcción
El Ministerio de Justicia presentó los convenios como parte de una política de asistencia a las provincias. Catamarca se suma así a una agenda que combina reformas procesales, fortalecimiento institucional y herramientas contra el crimen organizado.
En el portal, la cobertura sobre investigaciones, organización y financiamiento del narcotráfico aporta contexto sobre el objetivo de que la justicia federal concentre recursos en estructuras superiores mientras las provincias desarrollan respuestas frente al narcomenudeo.