La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública cumplió una década desde su sanción. El encuentro del 6 de octubre reunió a representantes de organismos estatales, universidades y organizaciones de la sociedad civil para evaluar cómo funcionó el sistema y cuáles son las capacidades que necesita para responder a nuevas demandas ciudadanas.
La norma estableció un procedimiento para solicitar información en poder del Estado nacional y fijó obligaciones de transparencia activa. Su propósito no se limita a contestar pedidos: también busca que datos relevantes sobre decisiones, presupuesto y gestión estén disponibles sin que una persona deba reclamarlos.
Del marco legal a la capacidad de respuesta
El balance realizado en el Palacio Libertad puso el foco en la distancia que puede existir entre una garantía escrita y su aplicación cotidiana. La calidad de los registros, la organización de los archivos y la formación de los equipos públicos condicionan la velocidad y la utilidad de las respuestas.
Alejandro Díaz, titular de la Sindicatura General de la Nación, sostuvo durante el encuentro que la transparencia también debe funcionar como una herramienta para mejorar la gestión y los mecanismos de control. En ese sentido, producir información clara y conservarla de forma ordenada es una tarea previa a cualquier política de apertura.
Las excepciones y los límites que exigen criterio
La jornada analizó situaciones en las que el derecho de acceso entra en tensión con otros intereses protegidos. Entre ellos aparecen el secreto fiscal, la seguridad nacional y la protección de datos personales. La ley contempla excepciones, pero su aplicación requiere justificar por qué una divulgación concreta produciría un daño protegido por la norma.
Ese análisis caso por caso evita dos extremos: publicar información que debe resguardarse o utilizar una excepción general para negar datos que podrían entregarse total o parcialmente. La posibilidad de revisar las decisiones es una pieza central para que el sistema conserve legitimidad.
Transparencia en un Estado cada vez más digital
La próxima etapa estará atravesada por expedientes electrónicos, bases de datos interoperables y decisiones apoyadas en sistemas automatizados. Esos cambios pueden facilitar el acceso, pero también vuelven más importante documentar cómo se generan, corrigen y utilizan los datos públicos.
El desafío para la segunda década no es crear información para responder solicitudes, sino administrar mejor la que el Estado ya produce. La oportunidad está en convertir registros comprensibles y actualizados en una práctica permanente de rendición de cuentas.