El Gobierno argentino formalizó este miércoles una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, con el objetivo de paralizar los trabajos de exploración y desarrollo hidrocarburífero en el proyecto Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte. La acción internacional se concretó al cumplirse el plazo perentorio de treinta días otorgado por la Cancillería a las operadoras petroleras para cesar sus actividades en el área.
La presentación invoca el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El Estado argentino argumenta que las operaciones unilaterales impulsadas bajo licencias ilegítimas otorgadas por las autoridades coloniales británicas constituyen una alteración irreparable del medio marino y una apropiación indebida de recursos naturales pertenecientes a la plataforma continental argentina.
El alcance de las medidas provisionales requeridas
La demanda solicita al tribunal de Hamburgo que ordene al Reino Unido suspender de manera preventiva toda perforación, instalación de plataformas o tendido de infraestructura extractiva hasta tanto se resuelva el fondo de la controversia a través de un tribunal arbitral constituido bajo el Anexo VII de la Convención. El escrito remarca que el inicio de extracciones comerciales causaría un daño que ninguna compensación posterior podría remediar.
La Cancillería argentina fundamentó la legitimación procesal en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, las cuales exhortan expresamente a las dos partes de la disputa de soberanía a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago mientras persista el litigio territorial pendiente.
La respuesta británica y la controversia sobre la jurisdicción
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ratificó su rechazo a someter la controversia a la jurisdicción de Hamburgo. La diplomacia británica sostiene que el tribunal del mar carece de competencia material para pronunciarse sobre disputas de soberanía territorial terrestre o insular y reafirma el principio de libre determinación que invoca para los habitantes de las islas.
Sin embargo, la estrategia procesal argentina no solicita que el tribunal defina la soberanía de las Malvinas, sino que aplique las obligaciones de preservación de recursos y no agravamiento del conflicto consagradas en la CONVEMAR. Este enfoque busca eludir las objeciones preliminares sobre soberanía terrestre y centrar el examen de los jueces internacionales en el régimen de la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
Próximos plazos y designación de jueces ad hoc
Tras la notificación de la demanda, el tribunal internacional deberá convocar a las partes para fijar el cronograma de audiencias orales en Alemania, las cuales suelen desarrollarse dentro de las cuatro a seis semanas posteriores a la solicitud. Ambas delegaciones diplomáticas tendrán derecho a designar magistrados ad hoc para integrar la corte de deliberación.
La resolución cautelar que emita el tribunal de Hamburgo no definirá la cuestión de fondo, pero marcará un hito en la internacionalización de la disputa sobre los hidrocarburos australes. Si los magistrados conceden la orden de paralización, las empresas involucradas enfrentarán riesgos legales y de financiamiento que complicarán la continuidad de los contratos comerciales vigentes.