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Justicia · Coordinación nacional

El Gobierno activó el comité que coordinará la implementación del régimen penal juvenil

Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud definieron una agenda conjunta. El sistema prevé supervisores, capacitación y abordaje de salud mental.

Mesa de reunión institucional con carpetas y computadoras
Una mesa de trabajo preparada para una reunión interministerial.
MQ

Por Directora editorial · Project Manager · Política

Política

El Gobierno nacional realizó la primera reunión del comité encargado de coordinar la implementación del régimen penal juvenil. Participaron representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, con una agenda centrada en supervisión judicial, capacitación y atención de adolescentes.

El encuentro no modificó el contenido de la ley ni resolvió por sí solo su aplicación en todo el país. Su función fue ordenar tareas entre organismos nacionales y establecer mecanismos para acompañar a los operadores que deberán intervenir en el nuevo sistema.

Una plataforma para designar supervisores

El Ministerio de Justicia informó que desarrolló una plataforma para que jueces nacionales y federales consulten la formación y disponibilidad de supervisores y realicen designaciones. El sistema también facilita la comunicación con los juzgados.

Catamarca, La Pampa, Mendoza, Salta y Santa Cruz firmaron convenios para compartir la herramienta, su manual y el listado de profesionales. La cooperación no implica que todas las jurisdicciones tengan idénticos procedimientos: cada una debe articular el recurso con sus estructuras judiciales y de protección.

Salud mental y formación

El comité acordó trabajar en acompañamiento ambulatorio, consumo problemático, capacitación en salud mental adolescente y formación especializada de las fuerzas de seguridad. También abordó la relación con organismos de protección de niñas, niños y adolescentes.

La reunión continúa una línea de coordinación federal: Agenda Plural informó los acuerdos de política criminal y justicia juvenil firmados con Catamarca. El avance deberá evaluarse por su aplicación efectiva, recursos disponibles y garantías procesales.