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Congreso · Trámite legislativo

Diputados modificó el proyecto de propiedad privada y lo devolvió al Senado

La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Como recibió cambios, todavía necesita una nueva revisión del Senado.

Recinto legislativo durante una sesión parlamentaria
Recinto legislativo durante una sesión parlamentaria.
MQ

Por Directora editorial · Project Manager · Política

Política

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La votación terminó con 124 adhesiones, 119 rechazos y seis abstenciones, pero el texto aún no es ley: deberá volver al Senado para que la Cámara de origen acepte o rechace los cambios.

La Cámara baja informó que la iniciativa modifica las reglas de expropiación y regularización dominial. El dictamen aprobado también dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y ratificó la vigencia de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.

Por qué el proyecto vuelve al Senado

El Senado había otorgado media sanción a una versión anterior. La Constitución exige que, cuando la cámara revisora introduce modificaciones, el expediente regrese a la cámara de origen. Por eso la votación de Diputados no cierra el trámite ni habilita todavía la aplicación de las nuevas disposiciones.

El resultado estrecho mostró una mayoría construida con acuerdos y abstenciones. Las diferencias se concentraron en el alcance de las expropiaciones, los procedimientos de desalojo y la relación entre la protección de la propiedad, la función social y los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Expropiaciones y desalojos, el centro del debate

El oficialismo sostuvo que la iniciativa fija parámetros más precisos para declarar un bien de utilidad pública y busca reducir demoras en la restitución de inmuebles. Sectores opositores cuestionaron que los cambios puedan encarecer expropiaciones o acelerar desalojos sin suficiente protección para personas en situación de vulnerabilidad.

La discusión también alcanza la seguridad jurídica de inversiones y la capacidad estatal para desarrollar infraestructura. El antecedente del litigio por la expropiación de YPF muestra que los procedimientos y las compensaciones pueden generar consecuencias económicas y judiciales de largo plazo, aunque se trate de un caso distinto.

Qué deberá resolver la Cámara alta

El Senado tendrá que pronunciarse sobre el texto que salió de Diputados. Hasta que esa revisión ocurra y, si corresponde, se complete la promulgación, continúan vigentes las normas actuales. Las declaraciones de los bloques expresan posiciones políticas, pero no sustituyen el contenido definitivo que resulte sancionado.

El próximo paso relevante será conocer si la Cámara alta acepta las modificaciones sin nuevos cambios. Esa decisión determinará si el proyecto completa su recorrido legislativo o si las diferencias entre ambas cámaras prolongan el debate.