La Inspección General de Justicia modificó sus controles de prevención del lavado de activos y estableció un esquema que combina declaraciones juradas, cruces con registros oficiales y pedidos de documentación ante alertas. La reforma fue publicada este miércoles 4 de noviembre, pero no comienza a aplicarse de inmediato: entrará en vigencia a los treinta días corridos.
La Resolución General 12/2026 reemplaza el Libro XI de las normas del organismo. Su alcance incluye la prevención del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La IGJ conserva su condición de sujeto obligado a informar ante la Unidad de Información Financiera.
Menos documentación generalizada, con respaldo disponible
La nueva modalidad no elimina la obligación de acreditar lo declarado. Las entidades alcanzadas deben conservar los documentos respaldatorios durante diez años; en los fideicomisos, ese plazo se cuenta desde su extinción. Si la IGJ detecta alertas o inconsistencias, puede requerirlos y su presentación deberá realizarse dentro de los diez días hábiles de la notificación.
El organismo contrastará información con el Registro Público de Beneficiarios Finales, el Renaper y los listados de Naciones Unidas y del RePET. Según la explicación oficial de la IGJ, el objetivo es concentrar verificaciones donde el riesgo lo justifique, en lugar de acumular documentación de todos los administrados de manera indiferenciada.
Quién controla una entidad y de dónde provienen los aportes
La declaración de beneficiario final debe identificar personas humanas. Si ninguna reúne esa condición, corresponde identificar a quien ejerce la dirección o administración y explicar las razones. Los cambios se informan dentro de los treinta días corridos; si no hubo modificaciones, la información se ratifica en la primera presentación del año ante la IGJ.
La norma diferencia los aportes societarios de las donaciones. En constituciones y aumentos de capital, exige declarar el origen de aportes en efectivo superiores a 120 salarios mínimos cuando no ingresen mediante depósito o transferencia desde una cuenta del aportante. Para asociaciones civiles y fundaciones, establece obligaciones por aportes o donaciones que superen 40 salarios mínimos, con las condiciones de acumulación previstas en el artículo 416.
El calendario de adecuación y el alcance de la reserva
Las entidades y fiduciarios ya inscriptos tendrán 180 días desde la entrada en vigencia para adecuar la información sobre personas expuestas políticamente, beneficiarios finales y fideicomisos. La exención transitoria de sanciones se refiere a la falta de actualización de esos datos durante ese plazo; no equivale a una suspensión general de los controles.
Las declaraciones anuales de cumplimiento vencerán el último día hábil de abril, respecto del año calendario anterior. El artículo 415 alcanza a las sociedades del artículo 299 de la Ley de Sociedades que sean sujetos obligados y no estén supervisadas por el BCRA, la CNV o la Superintendencia de Seguros; a fiduciarios y otros operadores de fideicomisos sujetos a inscripción ante la IGJ; a asociaciones civiles cuyos equipos jueguen en Primera División o Primera Nacional de AFA; y a sociedades que capten ahorro público con promesa de contraprestaciones futuras. El nuevo texto se aplicará desde la declaración correspondiente a 2026.
Las declaraciones juradas alcanzadas por el artículo 419 y la documentación preventiva no pública tienen carácter reservado y no integran el legajo registral de acceso público: allí solo se incorpora la constancia de presentación. Esa reserva específica debe distinguirse del marco general de acceso a la información pública y transparencia. La reforma modifica cómo se controla y qué se presenta, sin convertir las declaraciones en información abierta ni liberar a sus firmantes de responsabilidad por falsedad u omisión.