El Ministerio de Justicia creó una comisión para elaborar una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Resolución 515/2026, publicada este 7 de octubre, fija como ejes la oralidad, la incorporación de tecnología, la simplificación de procedimientos y las garantías del debido proceso.
La medida lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques y entrará en vigencia el 8 de octubre. El equipo tendrá 60 días corridos desde su primera reunión formal para aprobar el anteproyecto, con posibilidad de prórroga. Ese plazo corresponde a la redacción: no establece una fecha de aplicación de un nuevo código.
Quiénes prepararán el texto
Martín Cardone coordinará la comisión e integrará la subcomisión redactora junto con Osvaldo Gozaíni y Juan Manuel Converset. Otro grupo revisará el trabajo. Las funciones serán ad honorem y podrán convocarse especialistas e instituciones. La propuesta se elevará a la Secretaría de Justicia para su consideración y posterior remisión al ministro.
Un debate que ya tenía antecedentes
La discusión sobre cómo tramitar los conflictos civiles tiene un recorrido previo. En julio de 2019, el propio Ministerio informó la presentación de otro anteproyecto, elaborado durante casi tres años en el programa Justicia 2020. Allí se proponían audiencias con intervención del juez, expediente electrónico y procedimientos diferenciados según la complejidad del reclamo.
El alcance cotidiano ayuda a entender qué está en discusión. En aquella presentación oficial se mencionaban, entre otros, juicios por accidentes de tránsito, daños y perjuicios, desalojos, mala praxis y cobro de facturas que tramitan ante la justicia nacional y federal. El código procesal organiza los pasos de esos expedientes: cómo se plantea una demanda, se produce prueba y se llega a una decisión.
Qué significa avanzar hacia las audiencias
Un ejemplo concreto aparece en la explicación del Poder Judicial de Mendoza sobre su sistema civil, vigente desde febrero de 2018. El modelo conserva una etapa introductoria escrita y concentra luego el trabajo en una audiencia inicial y otra final, con presencia del juez, las partes y sus abogados.
La primera audiencia permite delimitar el conflicto, intentar una conciliación y organizar las pruebas. En la final declaran testigos, intervienen peritos y se presentan alegatos. Las audiencias se videograban para conservar un registro. Ese antecedente muestra que la oralidad combina actos escritos y encuentros presenciales, con una participación directa del magistrado.
La comparación sirve para identificar el tipo de cambio que se busca discutir. Los plazos y mecanismos concretos del futuro régimen nacional deberán surgir del anteproyecto: las reglas mendocinas describen una experiencia provincial y no pueden trasladarse automáticamente a los expedientes de otra jurisdicción.