El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para reducir y reorganizar los tribunales federales de Comodoro Py. La iniciativa busca adaptar el fuero penal al sistema acusatorio, cuya implementación en la jurisdicción porteña está prevista para abril de 2027.
El esquema analizado llevaría los juzgados federales de instrucción de doce a diez, con la posibilidad de una reducción mayor durante la discusión. También propone que la Cámara Federal de Casación Penal pase de trece integrantes a nueve.
Por qué cambia el trabajo de los jueces
En el sistema acusatorio, los fiscales conducen la investigación desde el inicio y los jueces controlan garantías, resuelven controversias y juzgan. El cambio altera la organización basada en jueces de instrucción que concentran buena parte de la pesquisa.
El proyecto contempla que magistrados de distintas instancias puedan desempeñarse como jueces de garantías, de juicio o de revisión. Una oficina judicial autónoma organizaría audiencias y plazos.
Las vacantes y el tamaño del fuero
Cuatro de los doce juzgados de instrucción se encuentran vacantes. En Casación también hay tres cargos sin cubrir. La reducción permitiría reorganizar esas posiciones sin completar todos los concursos hoy pendientes.
Fuentes judiciales y oficiales señalan, además, que Comodoro Py tiene una dotación superior a la de otras jurisdicciones donde el sistema acusatorio ya funciona. El personal podría ser reasignado por el Consejo de la Magistratura.
Qué leyes deberían modificarse
La reforma requiere intervenir sobre las normas que crearon la Cámara de Casación, fijaron el número de juzgados y fueron agregando estructuras al fuero. También debe resolver diferencias salariales si un mismo magistrado puede cumplir roles de distinta jerarquía.
La vía legislativa ofrece un debate institucional más amplio y reduce el riesgo de que una modificación por decreto quede suspendida por impugnaciones judiciales. El principal desafío político será reunir votos en ambas cámaras.
Un fuero especialmente sensible
Comodoro Py tramita causas de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y otros delitos federales. Por eso, cualquier reducción de juzgados exige reglas transparentes para distribuir expedientes, cargos y recursos.
La evaluación final dependerá del texto que ingrese al Congreso. Hasta entonces, corresponde distinguir los lineamientos conocidos de una reforma ya aprobada: el rediseño está en preparación y sus números todavía pueden cambiar.