El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti defendió la aplicación de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Sostuvo que la sanción está prevista en el Código Penal y diferenció sus efectos jurídicos del debate político sobre una eventual proscripción.
Las declaraciones fueron realizadas a Radio Con Vos y difundidas por La Nación. Al tratarse de la explicación pública de uno de los magistrados que intervino, su posición debe atribuirse y no sustituye el texto de las sentencias ni los argumentos de la defensa.
Qué revisó la Corte en 2025
El Tribunal Oral Federal 2 había condenado a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión y la defensa presentó luego un recurso de queja ante la Corte.
Lorenzetti explicó que el máximo tribunal rechazó esa presentación por falta de fundamentación y no volvió a analizar el fondo del expediente. La resolución de junio de 2025, firmada también por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dejó firme la condena, un efecto consignado posteriormente en una resolución oficial de la Cámara Federal de Casación Penal.
La diferencia entre inhabilitación y proscripción
El magistrado negó que existan personas proscriptas en la Argentina y afirmó que la discusión política puede continuar en democracia. Su argumento jurídico es que la imposibilidad de ejercer cargos surge de una pena prevista por ley y aplicada dentro de un proceso penal.
La defensa y dirigentes del kirchnerismo cuestionan esa interpretación y sostienen que la condena tiene efectos de persecución política. Presentar ambas posiciones no las vuelve equivalentes: la situación vigente está definida por una sentencia firme, mientras los cuestionamientos continúan por otras vías.
El planteo internacional de la defensa
Los abogados de Cristina Kirchner ampliaron el 29 de septiembre una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedir la suspensión de la inhabilitación. Ese trámite no modifica por sí mismo la decisión judicial argentina ni anticipa su resultado.
El caso permite distinguir el cierre de recursos internos de otros planteos posteriores. Una situación comparable en su mecánica institucional, aunque con hechos y protagonistas diferentes, fue la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra Sergio Urribarri: en ambos casos, la intervención del tribunal superior consolidó una sentencia previa sin convertir cada controversia política en una nueva instancia penal.