La acumulación de responsabilidades públicas, los vínculos familiares en la conducción partidaria y las dudas sobre el cobro de remuneraciones estatales colocaron al concejal Ignacio «Nacho» Moroni en el centro de una controversia dentro de La Libertad Avanza de Lanús. El dirigente, que llegó a la política municipal tras desempeñarse como titular de la oficina local de ANSES, enfrenta cuestionamientos de antiguos integrantes de su propio espacio sobre la compatibilidad de sus funciones y la transparencia de su situación administrativa.
La polémica adquirió notoriedad después de que Maximiliano Nieva, uno de los armadores territoriales del libertarismo local, rompiera con la conducción ejercida por Moroni y su madre, la concejala Mariana Ayesa. A las críticas por el funcionamiento interno del partido se sumó una pregunta concreta: ¿qué ocurrió con el cargo nacional que Moroni ocupaba cuando asumió su banca legislativa y qué remuneraciones percibió desde entonces?
Aunque no se conocen documentos que acrediten un doble cobro salarial, las versiones contradictorias sobre su continuidad en ANSES y la ausencia de constancias públicas concluyentes mantienen abierta la discusión.
La denuncia surgió desde las propias filas libertarias
La crisis comenzó a hacerse pública entre mayo y junio de 2026, cuando Nieva confirmó su alejamiento de la conducción local de La Libertad Avanza.
En declaraciones a Diario Conurbano, el dirigente cuestionó las decisiones de Ayesa y Moroni, a quienes atribuyó un funcionamiento cerrado, falta de diálogo con los referentes barriales y dificultades para integrar a distintos sectores del espacio.
Los cuestionamientos alcanzaron una dimensión mayor durante una entrevista del 24 de junio con Sin Retorno Streaming, de Data Conurbano.
Allí, Nieva cuestionó que Moroni conservara responsabilidades en ANSES mientras ejercía como concejal y vinculó esa situación con el discurso libertario contra los privilegios políticos.
Su declaración apuntó a la simultaneidad de funciones y planteó interrogantes sobre las remuneraciones. Sin embargo, no estuvo acompañada por recibos de haberes ni documentación administrativa que acreditara la percepción efectiva de dos salarios.
El propio Nieva también denunció presuntos maltratos y desplazamientos arbitrarios dentro del armado partidario. Sus acusaciones, rechazadas políticamente desde el sector cuestionado, profundizaron una fractura que dejó de ser una simple disputa por candidaturas.
ANSES y el Concejo Deliberante: una situación que requiere documentos
Moroni fue designado al frente de ANSES Lanús durante 2024, en el marco de la reorganización territorial de organismos nacionales bajo la administración de Javier Milei.
En julio de 2025, cuando se confirmó su candidatura legislativa, tanto Política del Sur como La Nación lo identificaron como responsable de la dependencia previsional.

La elección de septiembre le permitió obtener una banca en el Concejo Deliberante. Su incorporación al cuerpo municipal planteó entonces la necesidad de determinar qué régimen administrativo correspondía aplicar a su función nacional.
El episodio más llamativo se produjo varios meses después.
El 11 de septiembre de 2026, el medio local La Defensa rectificó una información anterior según la cual Verónica Mustacciolo había asumido la dirección de ANSES Lanús.
En su corrección, el periódico aseguró que Moroni continuaba al frente del organismo pese a desempeñarse como concejal. La afirmación se apoyó en el testimonio de una fuente libertaria que solicitó reserva de identidad y sostuvo que la supuesta transferencia de funciones nunca se había formalizado.
El medio no acompañó aquella publicación con una resolución de ANSES, un acto de designación o documentación salarial.
La contradicción es relevante porque impide establecer, únicamente a partir de las versiones periodísticas, si Moroni renunció, solicitó licencia, permaneció en funciones o dejó de percibir alguna de las remuneraciones.
La cuestión tiene un marco jurídico específico.
El artículo 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerenses establece incompatibilidades entre el ejercicio de una concejalía y determinadas funciones remuneradas del Poder Ejecutivo nacional o provincial. Su artículo 8 contempla la opción ante incompatibilidades susceptibles de solución.
A su vez, el Decreto nacional 8566/1961, complementado por el Decreto 9677/1961, regula la acumulación de cargos públicos remunerados. Existen disposiciones especiales para cargos electivos municipales, por lo que cualquier conclusión jurídica exige conocer la situación administrativa individual.
El hecho de ocupar dos funciones no acredita, por sí solo, que se hayan percibido indebidamente dos remuneraciones.
La verificación depende de documentos concretos: el acto de cese o licencia en ANSES, la situación de revista, las liquidaciones de haberes y una eventual renuncia a la dieta municipal.
Moroni respondió, pero la documentación sigue siendo determinante
El 29 de septiembre, Moroni respondió públicamente a los señalamientos de Nieva durante una nueva entrevista con Data Conurbano.
El concejal desestimó las acusaciones y afirmó que no existía ninguna denuncia penal formal por una presunta incompatibilidad o percepción irregular de haberes.
Su respuesta constituye una defensa pública frente a los cuestionamientos, aunque la inexistencia de una denuncia penal no permite determinar, por sí misma, cómo se resolvió administrativamente la eventual superposición de funciones.
Tampoco fue posible identificar en las fuentes consultadas recibos salariales, resoluciones de cese o constancias oficiales que permitan reconstruir definitivamente su situación.
El artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades permite renunciar expresamente a la dieta de concejal y contempla, bajo determinadas condiciones, una compensación no remunerativa por gastos inherentes a la función.
Por eso, la discusión no puede resolverse mediante una simple comparación entre cargos o salarios teóricos. Es indispensable conocer los actos administrativos y los importes efectivamente liquidados.
Mariana Ayesa: ¿dónde está la austeridad municipal?
La controversia adquiere una dimensión política adicional por el protagonismo de Mariana Ayesa, madre de Moroni, concejala y presidenta del bloque local de La Libertad Avanza.
Ayesa posee una trayectoria propia en la administración pública. En 2013 fue elegida consejera escolar por el Frente Renovador, vinculado con Sergio Massa, y posteriormente presidió el Consejo Escolar de Lanús.
Con el tiempo se incorporó al proyecto libertario y pasó a encabezar su representación legislativa municipal.

Desde esa posición, desarrolló una postura crítica respecto del presupuesto del intendente Julián Álvarez.
En junio, Política del Sur recogió sus cuestionamientos a la Rendición de Cuentas municipal, particularmente por las partidas destinadas a publicidad, festivales y comunicación oficial.
También respaldó iniciativas para reducir la tasa vial y modificar el sistema de fotomultas.
Sin embargo, la coexistencia de madre e hijo dentro del mismo bloque legislativo y en la conducción territorial del partido se convirtió en uno de los principales motivos de crítica interna.
Nieva cuestionó expresamente esa concentración política y responsabilizó a ambos dirigentes por el deterioro de las relaciones con parte de la militancia.
El parentesco entre funcionarios electos no constituye una irregularidad legal. La cuestión política reside en cómo se distribuyen las decisiones, cómo se administran los recursos partidarios y qué mecanismos de rendición de cuentas existen dentro del espacio.
En una entrevista de mayo con Data Conurbano, Ayesa respaldó explícitamente las aspiraciones municipales de su hijo.
La defensa de la austeridad fiscal y la exigencia de transparencia presupuestaria plantean, a su vez, un estándar de rendición de cuentas que también alcanza a los propios integrantes del bloque.
Mustacciolo y una sucesión en ANSES que no quedó esclarecida
Verónica Mustacciolo aparece como otra figura importante para reconstruir los movimientos dentro del espacio.
La dirigente integró el armado libertario de Lanús y ocupó el octavo lugar en la lista de concejales de 2025, según los resultados y candidaturas registrados por la Junta Electoral bonaerense.
Durante la campaña había acompañado públicamente la conducción de Ayesa y Moroni. Posteriormente, su nombre apareció vinculado con versiones sobre un eventual reemplazo de Moroni al frente de ANSES.
Sin embargo, en junio de 2026, Data Conurbano también la identificó como coordinadora de la mesa técnica del sector disidente encabezado por Nieva.
Esta secuencia exhibe un escenario partidario cambiante. No permite afirmar que Mustacciolo haya asumido formalmente la dirección del organismo ni que su eventual designación haya respondido a un acuerdo para conservar el control político de ANSES.
Esas hipótesis requieren documentación y evidencia adicional.
La transparencia como desafío para el proyecto municipal de 2027
Moroni manifestó su intención de competir por la intendencia de Lanús en 2027 y anunció que presentará un programa orientado a reducir tasas municipales y cargos políticos.
En ese escenario, la controversia por ANSES introduce una cuestión que excede la discusión electoral del distrito.
Antes de evaluar las promesas de reducción del gasto público, resulta pertinente conocer cómo se regularizó la situación de un dirigente que pasó de conducir un organismo nacional a ocupar una banca municipal.
La documentación necesaria es precisa y verificable. No depende de interpretaciones partidarias ni requiere acreditar previamente un delito.
Hasta que se conozcan los actos administrativos y las liquidaciones correspondientes, la acusación de doble remuneración continuará sin demostración suficiente, pero las dudas sobre la sucesión institucional tampoco podrán considerarse completamente esclarecidas.
Para un espacio que convirtió la transparencia y la crítica a los privilegios políticos en componentes centrales de su discurso, la posibilidad de despejar esas preguntas mediante documentación oficial constituye una prueba concreta de sus propios principios.
