La Unidad de Información Financiera habilitó un tablero público para consultar estadísticas sobre los reportes que recibe el sistema argentino de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La primera versión reúne información desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2026. La consulta puede segmentarse por año, región, jurisdicción y tipo de sujeto obligado, lo que permite observar cómo se distribuyen los reportes sin depender de cuadros estáticos.
Qué información ofrece la herramienta
Según la presentación de la UIF, los gráficos incluyen Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados con lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación. También incorpora reportes sistemáticos mensuales correspondientes al mismo período.
Para los reportes por lavado de activos hay tablas y gráficos de barras. En el caso de los reportes sistemáticos mensuales por tipo de sujeto obligado, la base excluye los registros anulados y aquellos clasificados sin información. Ese límite debe considerarse al comparar totales.
El instrumento complementa, sin sustituir, los controles que realizan los organismos y los sujetos obligados. Agenda Plural explicó en otra cobertura los controles basados en riesgo y la identificación de beneficiarios finales, un régimen específico que genera información para tareas preventivas.
Actualización trimestral y expansión prevista
La UIF informó que los datos se actualizarán cada tres meses y que la próxima carga completará 2026. En etapas posteriores prevé sumar la cantidad de sujetos obligados registrados por sector y provincia.
El tablero fue desarrollado junto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su utilidad pública dependerá de mantener series comparables, explicar los cambios metodológicos y permitir que los usuarios distingan la cantidad de reportes de la cantidad de delitos efectivamente comprobados: un reporte es una señal para análisis, no una sentencia ni una prueba automática de ilegalidad.
La apertura de datos permite formular preguntas y comparar períodos, pero no responde por sí sola por qué un sector reporta más que otro. El volumen puede variar por tamaño, obligaciones, actividad y calidad de cumplimiento; cualquier conclusión sobre riesgo requiere indicadores adicionales.