El predio público en avenida Federico Lacroze 2771/2773, en Colegiales, se encuentra en el centro de un grave escándalo institucional y de seguridad urbana. Pese a haber sido clausurado por anomalías críticas que ponen en riesgo a la comunidad, el inmueble del Estado porteño continúa bajo la tenencia gratuita de los mismos ocupantes. La situación expone una alarmante desidia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno porteño (GCBA), conducida por Rosendo Luis Tarsetti, quien no revocó el permiso precario ni recuperó el bien público. La pasividad oficial alimenta crecientes sospechas de connivencia funcional.
El inmueble fue asignado originariamente al Centro de Jubilados, Pensionados y Adherentes Colegiales bajo un régimen estricto de permiso de uso precario y gratuito para actividades comunitarias y de la tercera edad. Sin embargo, en los hechos la entidad fue desplazada y el predio pasó a operar bajo el nombre de «Centro Colegiales», reconvertido en un polo comercial privado con ferias de indumentaria, eventos masivos y un concurrido patio cervecero y gastronómico al aire libre.
La evidente desvirtuación del fin público impulsó un enérgico reclamo vecinal conjunto que motivó la intervención de la Agencia Gubernamental de Control en auditorías integrales sobre Federico Lacroze 2771/2773. El dictamen oficial fue contundente: clausura total, inmediata y preventiva del establecimiento, con fajas oficiales de interdicción cruzadas sobre sus accesos por estrictas razones de funcionamiento y seguridad para la comunidad.
Peligro inminente y gravísimas anomalías verificadas
El informe de las inspecciones detalló riesgos críticos en Centro Colegiales. En materia eléctrica se detectaron cables con tensión de 220 voltios expuestos al alcance de la mano, tomas sobrecargados y tableros metálicos sin puesta a tierra. Estas condiciones configuran una amenaza constante de electrocución o incendio en un espacio con habitual afluencia de familias y niños.
A este escenario se sumaron fallas en prevención de siniestros. Los inspectores constataron la presencia antirreglamentaria de una garrafa de gas dentro de espacios cubiertos, un acopio masivo de pallets de madera sin tratamiento ignífugo y extintores portátiles con carga vencida. Asimismo, se comprobó que el lugar carecía de seguros de responsabilidad civil para toldos y cartelería, operando en total precariedad.
Explotación comercial privada y cobros digitales irregulares
La actividad comercial en Centro Colegiales incluyó explotación gastronómica no autorizada y expendio informal de bebidas alcohólicas. Los registros documentaron barras con botellas de licores, aperitivos y cerveza, mientras el personal despachaba alimentos sin exhibir el curso vigente de manipulación higiénica. Los cobros se canalizaban comercialmente mediante billeteras virtuales a través de cuentas privadas y alias bancarios como vía de recaudación paralela.
Detrás de este esquema intervino la firma privada Global Feeding SRL. La presencia de una sociedad mercantil explotando un predio estatal cedido gratuitamente constituye una irregularidad gravísima. La compañía operó como local gastronómico sin título habilitante, concesión legislativa ni marco administrativo que justifique el usufructo lucrativo sobre tierras públicas porteñas destinadas a fines sociales.
La inacción de Rosendo Luis Tarsetti y la aparente connivencia con los ocupantes
A la cadena de infracciones se suma una contravención edilicia de fondo. La Dirección General de Fiscalización y Control de Obras constató la construcción clandestina de dos ampliaciones en planta baja por veinte metros cuadrados cubiertos sobre el predio de Av. Federico Lacroze 2771/2773. Levantadas sin planos ni permisos profesionales, continuaron en uso comercial tras ser intimadas formalmente, motivando la declaración formal de obra en contravención bajo el Código de Edificación porteño.
La acumulación de irregularidades comprobadas en un inmueble estatal despertó fundadas sospechas de una aparente connivencia entre la Dirección General de Administración de Bienes y los ocupantes del predio. En el barrio resulta inexplicable que, tras verificarse explotación comercial lucrativa, obras clandestinas, ruidos de 57,9 decibeles y un riesgo flagrante para la seguridad, el GCBA continúe prestando gratis el predio a la misma organización. Esta desidia sostenida resulta incompatible con la custodia del patrimonio estatal y alimenta la presunción de una aparente connivencia que beneficia a los infractores.
El reclamo de revocación inmediata y el silencio de Bienes
El rol del Director General de Administración de Bienes, Rosendo Luis Tarsetti, concentra el foco del cuestionamiento vecinal y técnico. Como máxima autoridad patrimonial, la desidia de Rosendo Luis Tarsetti al no revocar el permiso precario tras la clausura total y las intimaciones por obras clandestinas profundiza las sospechas de una aparente connivencia entre la Dirección de Bienes y los ocupantes. Mantener un inmueble clausurado por graves riesgos bajo la explotación de hecho de Centro Colegiales sin activar el desalojo contradice los deberes elementales de custodia pública.
Pese a la clausura preventiva total, las intimaciones por obras clandestinas y el peligro latente en Av. Federico Lacroze 2771/2773, el silencio de la Dirección de Bienes profundiza el malestar. En el marco de este reclamo vecinal conjunto, el denunciante Germán Lovrencic presentó una formal ampliación exigiendo un pronunciamiento perentorio de Rosendo Luis Tarsetti para revocar de inmediato la cesión gratuita y deslindar responsabilidades por la aparente connivencia con los ocupantes. Familias y organizaciones barriales reclaman una resolución urgente que transparente la relación oficial y devuelva el predio al beneficio de la comunidad.