El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunciaron este mediodía en una masiva conferencia de prensa celebrada en la sede central del organismo en la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria formal y unificada a la segunda Marcha Federal Universitaria para el próximo miércoles 2 de octubre a las diecisiete horas hacia la Plaza del Congreso de la Nación, en rechazo explícito al inminente veto total que el presidente Javier Milei prevé aplicar sobre la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por ambas cámaras del parlamento. La resolución, rubricada por la totalidad de los rectores de las sesenta universidades públicas del país y las conducciones gremiales docentes y nodocentes, anticipa una jornada de movilización multitudinaria en todo el territorio argentino en defensa del presupuesto educativo, los salarios académicos y el sistema científico y tecnológico nacional.
La creciente conflictividad social y universitaria coincide con las exigencias sanitarias que enfrentan los distritos en el inicio de la primavera, tales como el despliegue de la campaña de vacunación contra el dengue en las provincias, en un marco de fuerte restricción presupuestaria que tensa la capacidad de respuesta de los organismos estatales y centros de investigación científica. Durante el anuncio en el centro porteño, los dirigentes universitarios leyeron una declaración conjunta titulada "La universidad pública, orgullo de la nación", donde denunciaron que más del setenta por ciento de los salarios de los docentes y nodocentes universitarios se encuentran actualmente por debajo de la línea de pobreza debido a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El documento unificado y el diagnóstico salarial
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, encabezó la presentación acompañado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, la presidenta de la FUA, Piera Fernández, y los secretarios generales de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y FATUN. El documento advirtió que la desfinanciación del sistema superior universitario pone en riesgo cierto la continuidad de las clases del segundo cuatrimestre, el financiamiento de proyectos de extensión comunitaria y la permanencia de investigadores de excelencia que comienzan a emigrar al sector privado o al exterior.
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso establece una recomposición salarial automática para el personal docente y no docente vinculada a la inflación acumulada durante el año 2024 y garantiza una actualización bimestral de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y mantenimiento de hospitales universitarios. De acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación integral de la norma implica un costo fiscal de apenas el cero coma catorce por ciento del Producto Bruto Interno, un monto que la comunidad académica considera plenamente absorbible dentro de las cuentas públicas.
La postura inflexible del Poder Ejecutivo
Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Capital Humano ratificaron que el presidente Javier Milei firmará el decreto de veto total antes del vencimiento del plazo legal el próximo 3 de octubre, argumentando que la ley sancionada por la oposición no contempla las fuentes genuinas de financiamiento y amenaza con quebrar el déficit fiscal cero que constituye el ancla insustituible del programa económico gubernamental. Funcionarios del área de Educación sostienen que las partidas de funcionamiento ya fueron aumentadas en un doscientos setenta por ciento y reclaman auditorías externas sobre la ejecución de los gastos en las casas de altos estudios.
La intransigencia oficial aceleró la conformación de un frente multisectorial que incluye la adhesión formal de las centrales obreras CGT y CTA, federaciones de centros de estudiantes de universidades privadas, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que marcharán de manera conjunta el 2 de octubre para reeditar la histórica movilización del 23 de abril pasado.
Despliegue federal simultáneo en las provincias
El plan de lucha no se limitará a la concentración frente al Palacio Legislativo en la Ciudad de Buenos Aires. Rectores y autoridades académicas confirmaron que se llevarán a cabo réplicas de la Marcha Federal Universitaria en las plazas céntricas de Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, Corrientes y Bariloche, coordinando abrazos simbólicos a las sedes facultativas y clases públicas abiertas a la ciudadanía.
Las federaciones estudiantiles convocaron a asambleas permanentes durante los días previos para coordinar la logística de traslado de delegaciones universitarias del conurbano bonaerense y de provincias aledañas hacia el centro porteño, en una demostración de fuerza democrática que busca interpelar a la opinión pública sobre el valor de la educación pública y gratuita.
La batalla decisiva en el recinto de Diputados
El desenlace del conflicto se trasladará inevitablemente al Congreso de la Nación una vez efectivizado el veto presidencial. Las bancadas parlamentarias de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y bloques provinciales ya iniciaron conversaciones para convocar a una sesión especial con el objetivo de reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos que permita ratificar e insistir con la redacción original de la ley, en lo que anticipa una votación voto a voto de altísimo voltaje político.
Agenda Plural cubrió en directo el plenario del CIN y dialogó con las autoridades universitarias. La convocatoria a la Marcha Federal del 2 de octubre abre un nuevo capítulo en la defensa del sistema universitario argentino, marcando un hito en la disputa por el futuro del conocimiento y la igualdad social.