El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a mandatarios de las provincias patagónicas, expresó su enérgico rechazo al reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que modifica de manera sustancial el esquema de cálculo y liquidación de las regalías hidroeléctricas correspondientes a los complejos generadores emplazados en las cuencas de los ríos del sur argentino. En declaraciones formuladas tras un encuentro de trabajo con asesores jurídicos y secretarios de Energía provinciales, el titular del Ejecutivo pampeano calificó la medida dispuesta por la Casa Rosada como «un avance descabellado e inconstitucional» sobre el federalismo y adelantó que las provincias ribereñas analizan recurrir en queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la aplicación de la norma.
El núcleo del reclamo radica en la reinterpretación tarifaria que la Secretaría de Energía introdujo en los contratos de concesión de las grandes represas hidroeléctricas, reduciendo de facto la base imponible sobre la cual se calcula el 12 por ciento de regalías brutas que las provincias perciben mensualmente en concepto de compensación por el uso del recurso hídrico. Desde Santa Rosa y las capitales de la región sur advirtieron que la quita representará un quebranto de miles de millones de pesos anuales para las arcas de los distritos productores, afectando de manera directa el financiamiento de planes de infraestructura hídrica, caminos rurales y servicios esenciales en áreas postergadas del territorio provincial.
El frente federal y la estrategia judicial
La reacción de La Pampa se sumó a las gestiones coordinadas por los gobiernos de Río Negro y Neuquén, distritos que comparten la administración de los aprovechamientos emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén, entre ellos las centrales de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila. Los equipos técnicos de la Fiscalía de Estado de las tres provincias iniciaron la redacción de una medida cautelar conjunta que será elevada al máximo tribunal en caso de que la administración central no habilite un canal formal de revisión administrativa.
La tensión territorial refleja las crecientes dificultades políticas que encuentra el Gobierno central para articular consensos con el interior en pleno debate presupuestario. Al igual que se observó en el reciente freno a las reformas en el sistema de prestaciones de discapacidad, la Casa Rosada debió enfrentar la firme resistencia de bloques y gobernadores cuando las medidas afectaron recursos sensibles. En el Palacio de Hacienda buscan recortar erogaciones y abaratar costos en el sistema mayorista de electricidad, pero las provincias consideran inaceptable que ese ajuste se financie recortando ingresos soberanos consagrados por pactos preexistentes.
Un conflicto en medio de la discusión del Presupuesto 2027
El decreto sobre regalías se conoció en un momento de extrema sensibilidad institucional, cuando el Congreso de la Nación comienza a desglosar las pautas de gastos y recursos del proyecto de Presupuesto 2027. Los senadores y diputados que responden a los mandatarios provinciales anticiparon que la controversia hidroeléctrica formará parte central del pliego de condiciones políticas para sentarse a negociar el acompañamiento de las partidas nacionales, demandando la restitución inmediata de los fondos recortados.
Las negociaciones legislativas demuestran que el margen de acción parlamentaria del oficialismo permanece condicionado por las demandas de los estados subnacionales, una dinámica semejante a las complejas tratativas del Gobierno con los gobernadores por obras y transferencias. Ziliotto remarcó que las provincias no cederán soberanía sobre sus recursos estratégicos y cuestionó que se utilicen facultades delegadas para alterar un régimen que lleva más de tres décadas de vigencia pacífica en el sector eléctrico nacional.
El antecedente de las represas y los vencimientos de contratos
El telón de fondo de la disputa es el vencimiento escalonado de las concesiones hidroeléctricas otorgadas durante la década de 1990, cuya prórroga precaria y esquema de reprivatización abrió un fuerte debate sobre el rol de las empresas estatales provinciales en la operación de las turbinas. Las provincias reclaman una participación vinculante en los nuevos pliegos licitatorios y la conformación de agencias tripartitas de control hídrico que supervisen el caudal de los ríos y garanticen la sustentabilidad ambiental.
La defensa de las prerrogativas constitucionales ha generado un frente común que trasciende las divisiones partidarias tradicionales, mostrando una cohesión federal similar a la observada durante los debates institucionales que postergaron reformas electorales en la Cámara Alta. En el bloque patagónico coinciden en que la defensa del agua y la energía es una causa regional irrenunciable frente a cualquier intento de centralismo porteño.
Perspectivas ante el máximo tribunal
Si la Casa Rosada no convoca a una mesa de diálogo en los próximos días, la presentación judicial pampeana solicitará una medida de no innovar que suspenda los efectos del decreto hasta tanto la Corte Suprema resuelva la cuestión de fondo sobre la titularidad del recurso hídrico. Los antecedentes jurisprudenciales en materia de federalismo ambiental y dominio público de los recursos naturales otorgan a los demandantes sólidos argumentos doctrinarios.
Agenda Plural confirmó en fuentes provinciales que el documento final de la presentación cuenta con el aval de los tres poderes de La Pampa y de las asociaciones de regantes del curso inferior. La pulseada por las regalías hidroeléctricas inaugura un nuevo capítulo en la compleja relación entre la Nación y las provincias, donde el respeto irrestricto a la Constitución será el árbitro decisivo de la gobernabilidad institucional.
Actualización relacionada: la reunión de Gabinete donde el Presidente ratificó el rumbo económico.