Una controversia política, jurídica y diplomática de extrema gravedad institucional estalló este fin de semana en el Congreso de la Nación, luego de que legisladores del bloque de la oposición formalizaran una terminante denuncia en la que acusan al Gobierno de Javier Milei de haber otorgado los multimillonarios beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a un consorcio empresarial integrado por una compañía petrolera británica que se encuentra formalmente inhabilitada y sancionada por el Estado argentino por haber realizado exploraciones ilegales de hidrocarburos en la cuenca marina de las Islas Malvinas.
La presentación pública fue encabezada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica y referente parlamentario, quien detalló mediante un exhaustivo informe documental que la firma británica Harbour Energy —que adquirió y absorbió en 2021 la totalidad de los activos y la personería jurídica de Premier Oil PLC— participa con una cuota del quince por ciento en la sociedad Southern Energy. Dicho consorcio privado resultó formalmente beneficiado por el Poder Ejecutivo nacional mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía para desarrollar un megaproyecto de transporte por gasoducto y exportación masiva de gas natural licuado (GNL) desde la costa marítima de la provincia de Río Negro.
El antecedente de la sanción firme bajo la Ley 26.659
Para comprender los fundamentos jurídicos de la denuncia es necesario remontarse al año 2013, cuando la Secretaría de Energía de la Nación dictó la Resolución 481 en estricta aplicación de la Ley Federal 26.659. Aquella normativa, concebida para salvaguardar la soberanía territorial y los recursos naturales del Atlántico Sur, declaró formalmente clandestinas e ilegales las actividades hidrocarburíferas desplegadas por Premier Oil en aguas circundantes a las islas sin la correspondiente autorización del Gobierno de la República Argentina, inhabilitando a la firma británica para operar o contratar en territorio nacional por un período de quince años, cuyo vencimiento rige legalmente hasta el año 2028.
Ferraro fundamentó en su denuncia que el cambio de denominación comercial registrado en el Reino Unido en 2021, cuando Premier Oil adoptó la firma corporativa Harbour Energy tras una fusión estratégica, no extingue bajo ningún punto de vista la responsabilidad patrimonial ni levanta las sanciones firmes dictadas por el Estado soberano argentino. El texto legal de la Ley 26.659 establece de manera taxativa que las inhabilitaciones alcanzan tanto a las personas jurídicas originarias como a sus sucesoras, filiales, accionistas controlantes y sociedades vinculadas en cualquier grado de participación comercial.
El proyecto gasífero en Río Negro y los privilegios del RIGI
La polémica cobra un relieve sensible debido a la envergadura económica del proyecto involucrado. El consorcio Southern Energy tiene a su cargo la construcción de un gasoducto de alta presión dedicado a transportar producción gasífera desde el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén hasta las costas del Golfo San Matías, en Río Negro, donde se instalará una terminal portuaria flotante de licuefacción que demandará buques con miles de tuberías de acero y desembolsos multimillonarios a lo largo de la próxima década.
Al acceder al paraguas del RIGI, el consorcio gozará de estabilidad fiscal blindada por treinta años, exenciones arancelarias plenas para la importación de bienes de capital e insumos, alícuotas reducidas del impuesto a las Ganancias y la libre disponibilidad de divisas procedentes de las exportaciones energéticas sin obligación de liquidación en el mercado único y libre de cambios local. Para los legisladores opositores, resulta inadmisible que un Estado soberano premie con ventajas impositivas excepcionales a una compañía extranjera que violó abiertamente su soberanía territorial en el Atlántico Sur.
Las reacciones en las provincias patagónicas y el mandato constitucional
El impacto del reclamo resonó con particular fuerza en las legislaturas de las provincias de Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, donde diputados de extracción provincialista y organizaciones de la sociedad civil exigieron que los organismos de contralor hidrocarburífero y la Auditoría General de la Nación examinen con lupa el expediente de homologación. Representantes fueguinos recordaron que la Constitución provincial y las normativas fueguinas prohíben taxativamente cualquier tipo de interacción comercial, portuaria o logística con operadoras que exploten la plataforma continental sin el aval explícito de las instituciones de la República.
Juristas especializados en derecho administrativo internacional puntualizaron que el principio de velo societario no puede ser invocado en perjuicio de la soberanía estatal cuando existe una clara continuidad de objeto social, activos y directorio entre Premier Oil y Harbour Energy. De mantenerse la homologación en estos términos, advirtieron, se abriría una peligrosa ventana de vulnerabilidad legal que podría derivar en denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra las autoridades firmantes.
El emplazamiento parlamentario a los ministros de Milei
Frente a este escenario de extrema sensibilidad institucional, el diputado Ferraro remitió pedidos de informes urgentes al ministro de Economía, Luis Caputo, y al viceministro coordinador de Cancillería, Pablo Quirno, exigiendo explicaciones perentorias sobre los mecanismos de control administrativo y los filtros de seguridad nacional aplicados al evaluar las solicitudes del RIGI: «Ningún acto administrativo emanado de una secretaría ministerial puede desconocer una sanción legal firme dictada por el Congreso y amparada en el mandato imprescriptible de la Constitución sobre Malvinas», aseveró el legislador.
El reclamo sumó el inmediato respaldo de dirigentes de diversos bloques parlamentarios y de centros de veteranos de guerra de todo el territorio nacional, quienes reclamaron que el Poder Ejecutivo revise de inmediato la resolución aprobatoria o condicione la continuidad del proyecto a la exclusión societaria absoluta de la petrolera británica. Una encrucijada legal y política de alto voltaje que pone bajo la lupa la coherencia entre el discurso de defensa de los derechos soberanos y los incentivos económicos para la captación de inversiones extranjeras.