La causa por el denominado Vacunatorio VIP abrió una nueva ronda de declaraciones indagatorias. Entre las personas convocadas figuran el expresidente Eduardo Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, el excanciller Jorge Taiana y otros beneficiarios de dosis aplicadas durante la primera etapa de la campaña contra el COVID-19.
La medida procura determinar la responsabilidad individual de quienes accedieron a las vacunas y las circunstancias en las que fueron citados o trasladados. La investigación distingue la conducta de los funcionarios que organizaron el circuito de la situación particular de cada persona vacunada.
Los episodios que reconstruye el expediente
Uno de los hechos examinados se remonta al 18 de febrero de 2021, cuando dosis asignadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud. Otro tramo analiza vacunas aplicadas fuera de los establecimientos previstos, incluido el domicilio de la familia Duhalde.
El expediente busca reconstruir quién dispuso los traslados, qué criterios se utilizaron y si las personas inmunizadas reunían las condiciones de prioridad vigentes en ese momento. Esa evaluación requiere revisar registros, comunicaciones, testimonios y la normativa sanitaria de la etapa inicial de la campaña.
Una causa con responsabilidades diferentes
El caso no tiene una única situación procesal para todos sus involucrados. Las decisiones de funcionarios, personal sanitario y beneficiarios deben analizarse por separado porque sus facultades, conocimientos y posibles intervenciones no fueron idénticos.
También corresponde diferenciar el reproche político o ético de una acusación penal. La desigualdad en el acceso a vacunas escasas generó una crisis pública, pero la responsabilidad penal exige probar conductas concretas previstas por la ley.
Qué puede ocurrir después de las declaraciones
Una vez realizadas las indagatorias, el juzgado puede requerir más medidas de prueba y luego resolver la situación procesal de cada citado. Las alternativas incluyen desvincular a una persona, mantener la investigación abierta o avanzar si considera reunidos los elementos legales necesarios.
Hasta que existan resoluciones firmes, la cobertura debe respetar la presunción de inocencia y describir con precisión cada etapa. La novedad es la convocatoria judicial; el resultado de esa instancia todavía no está definido.