En una resolución judicial sumamente novedosa que sienta un precedente jurisprudencial de gran impacto para el derecho de las familias y la tutela de las infancias en la República Argentina, el Juzgado de Familia de la ciudad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, ordenó la suspensión cautelar de todas las cuentas registradas en plataformas digitales y servicios de streaming a nombre de un progenitor que adeuda casi cuatro millones de pesos en concepto de cuota alimentaria para la crianza de su hijo menor de edad. La trascendental medida, dictada por la jueza letrada Paola Bernardini, dispuso asimismo notificar al municipio rionegrino de Cipolletti para que inhabilite de manera inmediata la licencia de conducir del deudor moroso y rechace cualquier solicitud de renovación de su carnet habilitante hasta tanto cancele la totalidad de las obligaciones devengadas.
La decisión judicial adoptada en el ámbito de los tribunales rionegrinos alcanza de forma explícita a los perfiles de usuario que el demandado mantenga activos en las plataformas de entretenimiento y música más populares del mercado, entre ellas Netflix, Spotify, Disney+, Max, Amazon Prime Video y YouTube. La magistrada fundamentó su resolución en la necesidad de aplicar medidas conminatorias atípicas y razonables que generen incomodidades cotidianas y restricciones de consumo directo en el obligado, orientadas a compelerlo al cumplimiento voluntario de los deberes de asistencia material que ha eludido de manera continuada y sistemática en perjuicio de su hijo.
El incumplimiento reiterado y la figura de violencia de género económica
El expediente judicial en trámite acredita que la deuda acumulada por el progenitor moroso asciende exactamente a la suma de 3.983.459,83 pesos, calculada en base a liquidaciones judiciales firmes y no controvertidas. Con anterioridad a la disposición de las sanciones digitales, la madre del menor asistida por la defensa oficial había intentado ejecutar embargos sobre bienes muebles registrables, incluyendo una motocicleta presuntamente perteneciente al demandado, pero las diligencias procesales resultaron infructuosas para lograr la cancelación efectiva del crédito alimentario adeudado.
En los considerandos medulares de su sentencia, la jueza Bernardini sostuvo con contundencia que el Código Civil y Comercial de la Nación faculta a los magistrados del fuero de familia a disponer las medidas más eficaces e idóneas para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria frente a deudores recalcitrantes. La magistrada destacó que la conducta obstructiva y la reticencia económica del padre vulneran de manera flagrante el principio del interés superior de las infancias y el derecho humano básico de los niños a gozar de un nivel de vida adecuado. Asimismo, remarcó que hacer recaer sobre la madre la totalidad de las exigencias cotidianas de sustento, salud y educación importa una modalidad inaceptable de violencia de género de tipo económica y patrimonial.
El procedimiento de notificación a las plataformas tecnológicas
La implementación de la orden judicial requerirá un procedimiento formal coordinado entre el tribunal interviniente y los departamentos legales de las empresas prestatarias de los servicios digitales. En primer término, el juzgado librará oficios judiciales a las sedes administrativas y representantes corporativos de Netflix, Spotify, Max, Disney, Amazon y Google en el país, requiriendo que informen en un plazo perentorio si el ciudadano demandado figura como titular de suscripciones vigentes o si registra tarjetas de crédito o débito vinculadas a débitos automáticos en sus sistemas.
Una vez confirmada la existencia de las cuentas, las compañías tecnológicas deberán suspender preventivamente la prestación de los contenidos audiovisuales y musicales e impedir la contratación de nuevos planes o membresías asociadas al número de documento y datos filiatorios del infractor. En paralelo, la Municipalidad de Cipolletti, distrito donde el deudor tramitaba históricamente su documentación vial, deberá asentar la inhabilitación registral en las bases del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, impidiéndole circular legalmente al volante de cualquier vehículo automotor.
Nuevas herramientas frente a la morosidad alimentaria
El fallo de El Bolsón se suma a un conjunto creciente de pronunciamientos de la justicia de familia en diversas provincias argentinas que apelan a herramientas conminatorias novedosas frente a la ineficacia de los mecanismos patrimoniales tradicionales, tales como la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos, la retención de pasaportes o la suspensión de líneas de telefonía móvil. Especialistas en derecho de familia celebraron la resolución rionegrina al advertir que la morosidad alimentaria constituye un problema social de extrema gravedad que afecta a miles de hogares monomarentales en todo el territorio nacional.
La protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes demanda un compromiso activo y articulado de todos los poderes del Estado. Así como las alertas sanitarias detalladas en las disposiciones recientes de ANMAT buscan salvaguardar la salud física de la población, o las medidas desplegadas ante situaciones de vulnerabilidad escolar en San Juan exigen respuestas inmediatas, la justicia debe utilizar todos los recursos a su alcance. De igual forma que las iniciativas analizadas en proyectos de accesibilidad digital como Discapp ponen la tecnología al servicio de las personas, el derecho de familia encuentra en las plataformas modernas un instrumento eficaz para reparar desigualdades y garantizar el sustento de las infancias.