La investigación por abusos sexuales y captación digital de adolescentes en Villa de María de Río Seco, Córdoba, acumula quince personas detenidas y cuatro víctimas identificadas, según la información difundida sobre el expediente. El caso también provocó el desplazamiento de autoridades policiales departamentales y una licencia de seis meses para el legislador provincial Ernesto Ramón Flores.
La causa está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede. Entre los detenidos hay un asistente legislativo, remiseros y un agente policial. Las imputaciones no son idénticas para todos: al menos siete personas enfrentan acusaciones por abuso sexual con acceso carnal y otras responsabilidades se encuentran bajo análisis.
El testimonio que reabrió preguntas
Una mujer adulta declaró públicamente que había denunciado en 2020 a José Aníbal Villarreal, actualmente detenido y vinculado laboralmente con el legislador Flores. Su relato volvió a poner el foco sobre la respuesta que recibió aquella presentación y sobre una posible demora institucional.
El Ministerio de Seguridad provincial desplazó a responsables de la Unidad Departamental Río Seco y pidió la intervención del Tribunal de Conducta Policial. La medida administrativa no determina responsabilidades penales, pero reconoce una pérdida de confianza que requiere una revisión independiente de los procedimientos.
Amplía la investigación
Los peritajes de teléfonos y los nuevos testimonios buscan reconstruir contactos, lugares y responsabilidades.
Mandos desplazados
La Provincia removió a autoridades departamentales mientras se revisa el tratamiento de denuncias previas.
Licencia sin goce de sueldo
Flores no está imputado; su asistente sí permanece detenido y dos hechos habrían ocurrido en un campo de su propiedad.
Qué investiga la Justicia
Los investigadores intentan determinar cómo se produjo la captación de las adolescentes, qué contactos mantuvo cada acusado y si existió coordinación entre adultos con posiciones de influencia local. También se realizaron procedimientos en centros de salud para revisar la colocación de implantes anticonceptivos y el cumplimiento de los protocolos de alerta.
La existencia de vínculos políticos o policiales no permite atribuir una responsabilidad colectiva. Cada conducta debe sustentarse en pruebas. Al mismo tiempo, la dimensión institucional exige establecer si hubo señales ignoradas, denuncias archivadas indebidamente o mecanismos de protección que no funcionaron.
La respuesta política y los límites de la licencia
La Legislatura cordobesa aprobó por mayoría una licencia de 180 días sin goce de sueldo para Flores, representante del departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba. La oposición reclamó su expulsión. La licencia lo aparta temporalmente, pero no constituye una sanción penal ni cierra el debate sobre la responsabilidad política.
La prioridad inmediata es preservar a las víctimas, evitar su revictimización y garantizar que las pruebas sean producidas sin interferencias. Las decisiones administrativas y legislativas deben acompañar la investigación, no reemplazarla.