Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado pasaron a cuarto intermedio sin firmar dictamen sobre una nueva ley de biocombustibles. El punto de mayor conflicto es el biodiésel y la distribución del corte obligatorio entre pymes no integradas, grandes empresas aceiteras y petroleras.
La alternativa presentada durante la reunión establece un corte obligatorio del 10% para el gasoil y permite agregar hasta cinco puntos mediante coprocesamiento en refinerías. Si se utilizara por completo esa opción, la participación efectiva del biodiésel podría alcanzar el 15%, aunque los mecanismos y cupos todavía no están acordados.
Por qué el biodiésel bloquea el acuerdo
El régimen vigente reserva el corte obligatorio del 7,5% a pymes que abastecen el mercado interno. Las empresas integradas —vinculadas con la molienda y la exportación de aceite— reclaman participar en un esquema más competitivo. Las pymes sostienen que una apertura rápida puede afectar inversiones realizadas bajo reglas anteriores.
El proyecto intenta combinar ambos intereses mediante una transición. La propuesta mencionada en comisión preservaría condiciones para las firmas no integradas hasta 2030 y luego reduciría gradualmente su participación reservada. La fórmula exacta debe quedar escrita en el dictamen.
Del 7,5% al 10%
El porcentaje obligatorio crecería y se abriría la participación a más segmentos de la industria.
Coprocesamiento opcional
Las petroleras podrían sumar hasta cinco puntos dentro de sus procesos industriales.
Nueva referencia
Se analiza vincular el valor del producto con la paridad de importación y prever intervenciones excepcionales.
El efecto sobre precios e inversiones
Una mayor demanda interna puede ampliar la producción de biodiésel y reducir parcialmente el uso de combustible fósil. Sin embargo, el impacto sobre el precio final del gasoil depende del costo de las materias primas, los impuestos, la logística y la metodología elegida para formar precios.
Las empresas también miran la estabilidad regulatoria. Un cronograma claro facilita inversiones y contratos; una distribución incierta puede postergar decisiones. Por eso, la discusión sobre porcentajes es al mismo tiempo una disputa por capacidad instalada, empleo regional y acceso al mercado.
Qué falta para llegar al recinto
Los senadores deberán definir la segmentación del 10%, el alcance del coprocesamiento, la transición para las pymes y las facultades de la autoridad de aplicación. También existen diferencias menores sobre bioetanol, aunque allí el nivel de consenso es mayor.
La próxima reunión fue prevista para el miércoles 2 de septiembre. Patricia Bullrich planteó la necesidad de cerrar una fórmula después de años de discusión, pero un dictamen de mayoría exigirá traducir ese objetivo político en reglas aceptables para sectores con intereses contrapuestos.