La operatoria de granos en Bahía Blanca quedó atravesada por un nuevo conflicto entre la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA). La entidad empresaria denunció demoras que afectarían a más de 400 camiones; el sindicato negó haber incumplido la conciliación obligatoria y cuestionó esa cifra.
La discusión comenzó por una negociación salarial y alcanzó a terminales de Bahía Blanca, Quequén y el Gran Rosario. La Secretaría de Trabajo había dictado una conciliación por 15 días desde la noche del 19 de agosto, con la obligación de suspender medidas de acción directa y mantener las condiciones laborales mientras continuaba el diálogo.
Qué denuncian las empresas
La cámara afirmó que delegados gremiales se negaron a realizar horas extraordinarias y a cubrir vacantes o derivaciones temporales entre sectores. Aunque las horas extra son voluntarias, la CPPC sostiene que forman parte habitual de un esquema portuario continuo y que su ausencia reduce la capacidad de recepción.
Según su presentación ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, esas decisiones constituyen medidas encubiertas. La entidad pidió una intervención oficial y eventuales sanciones. También informó una propuesta salarial anual del 31,99% y una suma extraordinaria de hasta 359.095 pesos para una de las categorías.
Hablan de incumplimiento
La CPPC atribuye las demoras a la negativa de realizar tareas habituales durante la conciliación.
Niega una medida de fuerza
URGARA sostiene que respeta la disposición y denuncia presiones para cubrir francos.
Conciliación vigente
La autoridad laboral abrió un período para negociar sin paros ni represalias patronales.
La respuesta de URGARA
El sindicato afirmó que los trabajadores cumplen sus tareas normales y que la negativa a realizar horas extra voluntarias no equivale a una huelga. También acusó a empresas de presionar a personal que se encontraba de franco y sostuvo que el retraso salarial acumulado entre mayo y agosto sigue sin resolverse.
Las declaraciones de ambas partes requieren una verificación administrativa. Será la Secretaría de Trabajo la que determine si existió una conducta incompatible con la conciliación y qué medidas corresponden. Hasta entonces, no es correcto presentar la denuncia empresaria como una infracción probada.
Por qué las demoras impactan más allá del puerto
Cuando se reduce la capacidad de descarga, los camiones permanecen más tiempo en accesos y zonas de espera. El costo alcanza a transportistas, productores y terminales, y puede trasladarse a los cronogramas de embarque. La dimensión final depende de cuánto dure la congestión y de la capacidad de recuperar turnos.
Este episodio no es el mismo que el conflicto anterior del Gran Rosario por servicios marítimos y practicaje, que había concluido con la reanudación de buques. En Bahía Blanca intervienen otros actores, una nueva conciliación y un foco específico en la recepción terrestre de granos; ambas coberturas quedan enlazadas como antecedentes sin competir por la misma consulta.