El gasto primario de la Administración Pública Nacional cerraría 2026 en torno al 12,4 por ciento del producto interno bruto, de acuerdo con una proyección del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. La estimación implica una reducción de 5,4 puntos del PBI frente a 2023 y ubica al año actual como el de mayor ajuste acumulado de la gestión de Javier Milei.
La cifra no es un resultado cerrado. Surge de anualizar la ejecución disponible y supone que ingresos y erogaciones mantendrán determinada trayectoria hasta diciembre. Su importancia está en la composición: la reducción no se distribuye de modo uniforme, sino que se concentra en transferencias, obra pública, subsidios y programas específicos.
La trayectoria desde 2023
IARAF calcula que el gasto primario fue cuatro puntos del PBI menor en 2024 que en 2023, que la diferencia llegó a 4,6 puntos en 2025 y que alcanzaría 5,4 puntos en 2026. Las variaciones describen niveles de cada año comparados con una misma base; no corresponde sumarlas como si fueran recortes independientes sobre el mismo presupuesto.
La consolidación fiscal fue el eje del programa económico desde el inicio de la gestión. El Gobierno combinó límites nominales, postergación de pagos y reducción real de partidas en un contexto inflacionario. Las reasignaciones también llegaron a obligaciones previsionales, como mostró el refuerzo destinado a sentencias firmes de ANSES.
Dónde se concentra la reducción
La comparación con 2023 muestra una baja real de 86,6 por ciento en transferencias corrientes a provincias y municipios y de 83,6 por ciento en bienes de capital y obra pública. Las transferencias a otros entes públicos caerían 62,1 por ciento y los subsidios económicos, 59,3 por ciento, según la misma estimación.
También aparecen reducciones de 39,7 por ciento en universidades, 39,9 por ciento en servicios no personales, 30,6 por ciento en asistencia social y asignaciones familiares y 28,9 por ciento en personal. El gasto jubilatorio tendría una baja real de 8,2 por ciento frente a 2023. Cada agregado reúne programas distintos y requiere un análisis adicional para medir servicios y beneficiarios.
La meta acordada con el FMI
El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno establecieron para 2026 una meta de superávit primario de 1,4 por ciento del PBI, revisada desde un objetivo anterior más elevado. El organismo destacó controles de gasto y, al mismo tiempo, pidió proteger asistencia social focalizada. El cumplimiento se evalúa mediante revisiones y definiciones técnicas del acuerdo.
Hasta julio, el resultado primario acumulado equivalía aproximadamente a 0,9 por ciento del producto, según la información citada en el análisis. Alcanzar la meta exige sostener el balance en meses que pueden tener estacionalidad distinta. Por eso, una cifra acumulada no debe proyectarse en línea recta sin considerar vencimientos y pagos pendientes.
El desafío de una recaudación más débil
Entre enero y agosto los recursos tributarios habrían caído alrededor de cinco por ciento en términos reales. Una recaudación menor obliga a elegir entre profundizar la contención, aceptar un superávit más pequeño o buscar nuevos ingresos. Esa tensión explica por qué agosto registró, para IARAF, la mayor baja real de gasto del año.
La actividad, el consumo, el comercio exterior y los cambios impositivos influyen sobre los recursos. También lo hacen la morosidad y el acceso al crédito, cuestiones visibles en los informes sobre deudas de familias y tarjetas. El equilibrio fiscal no puede evaluarse aislado del nivel de actividad que sostiene la base tributaria.
Qué falta para evaluar el resultado
La primera pregunta es si las partidas alcanzan para cumplir obligaciones y mantener servicios. Una reducción puede reflejar eficiencia, eliminación de un programa, atraso de pagos o menor cobertura. La clasificación económica del gasto no permite distinguir por sí sola esas situaciones; hacen falta indicadores físicos, beneficiarios y tiempos de ejecución.
La segunda pregunta es federal. Menos transferencias y obra pública trasladan presión a provincias y municipios, que deben decidir si reemplazan recursos, postergan proyectos o reducen prestaciones. El debate legislativo por el presupuesto y las obras muestra que la distribución territorial es parte central de la discusión.
La tercera es intertemporal. Posponer mantenimiento o inversión mejora el flujo inmediato, pero puede generar costos mayores en el futuro. Lo mismo ocurre si una partida queda por debajo de una obligación legal y luego necesita refuerzos. La sostenibilidad exige observar varios ejercicios, no sólo el cierre de un año.
El superávit primario excluye intereses de deuda, por lo que no equivale al resultado financiero final. Esa diferencia debe mantenerse visible cuando se presenta la meta. También conviene separar los datos oficiales de ejecución de las proyecciones privadas, aunque ambas fuentes sirvan para analizar una tendencia.
El cálculo de IARAF aporta una fotografía útil: el gasto nacional representa una porción menor del PBI y el ajuste se profundizaría en 2026. No prueba por sí mismo que cada reducción sea sostenible ni que la meta esté garantizada. La evaluación definitiva llegará con la ejecución completa, el producto nominal y las revisiones metodológicas.
El Gobierno enfrenta así una etapa distinta de la primera corrección. Sostener el equilibrio con ingresos débiles requiere decisiones más selectivas y explicaciones más precisas sobre prioridades. El desafío ya no es sólo mostrar cuánto cayó el gasto, sino qué Estado queda detrás de esos números y qué compromisos puede cumplir.