El Gobierno nacional oficializó un nuevo piso de $383.800 para el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de septiembre de 2026. La medida fue adoptada por resolución de la Secretaría de Trabajo luego de que fracasara el consenso entre centrales obreras y cámaras empresariales en el Consejo del Salario.
La normativa fija una pauta de actualización escalonada que se extenderá hasta abril de 2027. La falta de entendimiento paritario derivó en la intervención del Poder Ejecutivo mediante laudo arbitral, un mecanismo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo cuando las partes no logran acercar posiciones.
La brecha entre gremios y empleadores
Durante las deliberaciones, los representantes de la CGT y las dos vertientes de la CTA habían solicitado un aumento cercano al 35% para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. En contraste, las entidades empresarias argumentaron dificultades de rentabilidad por la caída de ventas y ofrecieron subas alineadas con la inflación futura estimada.
La cifra resuelta por la cartera laboral se ubicó en un punto intermedio respecto de las pretensiones de los sectores, priorizando el objetivo gubernamental de no convalidar presiones salariales sobre el índice de precios al consumidor.
Evolución de los ingresos y el consumo
Analistas privados señalan que, si bien la inflación mostró una marcada desaceleración en el último trimestre, el nivel real de las remuneraciones mínimas permanece condicionado por el incremento en tarifas de servicios públicos y transporte.
La vigencia del nuevo piso salarial servirá de referencia inmediata para las negociaciones paritarias pendientes en actividades como comercio, construcción y servicios, que reabrirán sus mesas de discusión salarial durante el corriente mes.