El intendente de Allen, Marcelo Román, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas municipal contra Fabián Figueroa, quien ocupó la intendencia de manera interina durante cinco días, y contra tres concejales que votaron la suspensión del jefe comunal. El planteo reclama revisar haberes liquidados entre el 24 y el 31 de julio y un anticipo de 1,5 millones de pesos solicitado a cuenta del salario de agosto.
La presentación atribuye perjuicio económico, daño institucional y desvío de poder. Figueroa y los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez deben contar con oportunidad de responder. La denuncia es un acto de parte y no una resolución que determine responsabilidad administrativa o penal.
Qué pagos cuestiona el intendente
Según el documento difundido por Román, Figueroa recibió una liquidación como intendente interino por el período comprendido entre el 24 y el 31 de julio. También habría solicitado un anticipo de 1,5 millones correspondiente al mes siguiente. El monto exacto de los haberes cobrados no fue informado públicamente.
El reclamo solicita restitución de las sumas que considera indebidas. Para resolverlo será necesario establecer quién autorizó los pagos, qué normativa se aplicó y qué efecto temporal tuvo la decisión judicial que anuló la suspensión. La administración no puede reemplazar ese análisis con una conclusión política.
La suspensión que originó el interinato
El Concejo Deliberante había suspendido preventivamente a Román sin goce de haberes por seis votos contra tres. Durante ese breve período, Figueroa, presidente del cuerpo, quedó al frente del Ejecutivo. El conflicto se judicializó y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la nulidad de las ordenanzas.
El fallo consideró que el Concejo invadió atribuciones al impedir el ejercicio del veto municipal. La resolución restituyó a Román, pero no determina automáticamente si cada acto administrativo realizado durante el interinato fue inválido ni quién debe asumir sus efectos económicos.
Un municipio atravesado por conflictos
Román llegó a la intendencia en 2023 desde la Unión Cívica Radical y luego se incorporó a La Libertad Avanza. Su gestión afrontó renuncias, denuncias sobre asesores sin cargo formal, cuestionamientos por gastos de la Fiesta Nacional de la Pera y una disputa con trabajadores municipales.
El caso dialoga con otras controversias sobre control local, como la denuncia administrativa en Entre Ríos. En ambos escenarios, la documentación contable y la competencia de cada organismo resultan más importantes que la pertenencia partidaria de los involucrados.
Qué deberá revisar el Tribunal de Cuentas
El organismo deberá comprobar órdenes de pago, recibos, anticipos y actos que respaldaron la liquidación. También tendrá que determinar si existió una deuda a favor del municipio y si corresponde una restitución individual. La publicidad de sus conclusiones será central para evitar que el expediente quede reducido a acusaciones cruzadas.
La situación puede compararse con otras investigaciones patrimoniales de funcionarios, aunque no debe equipararse automáticamente. Cada procedimiento tiene normas, autoridad competente y estándares propios. En Allen, por ahora, se discute un período de cinco días y decisiones concretas.
El derecho de respuesta y la vía penal
Román pidió que se evalúen figuras como abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial. La calificación corresponde al Ministerio Público y a los jueces si se formaliza una denuncia. Figueroa podrá explicar sobre qué base asumió y solicitó la liquidación cuestionada.
La prudencia es especialmente necesaria en controversias municipales, donde las disputas institucionales conviven con rivalidades políticas cercanas. La cobertura sobre reordenamientos dentro de La Libertad Avanza muestra que una afiliación no permite inferir conductas individuales.
El próximo avance verificable será una resolución del Tribunal de Cuentas, la devolución documentada de fondos o la apertura formal de un expediente penal. Mientras ninguna de esas circunstancias ocurra, corresponde describir el reclamo como una denuncia del intendente restituido.
La nulidad de la suspensión cerró una etapa, pero abrió otra sobre las consecuencias administrativas del interinato. Allen necesita una respuesta que identifique actos, montos y responsabilidades con evidencia. La transparencia del procedimiento protegerá tanto el patrimonio municipal como el derecho de defensa de quienes fueron señalados.
El expediente administrativo debería permitir reconstruir una secuencia sencilla: qué norma habilitó cada liquidación, quién la solicitó, quién la autorizó y si el dinero fue efectivamente percibido o reintegrado. La duración breve del interinato vuelve especialmente importante distinguir salario proporcional, anticipo, compensación y cualquier otro concepto. Una cifra aislada no alcanza para determinar irregularidad sin recibos, resoluciones y movimientos bancarios. Del mismo modo, la anulación judicial de la suspensión de Román no resuelve automáticamente la legalidad de todos los actos dictados durante esos días. Son asuntos relacionados, pero requieren decisiones específicas de los organismos competentes.
Hasta que esas constancias sean incorporadas, no corresponde afirmar que hubo delito ni atribuir responsabilidad definitiva a Figueroa o a los concejales mencionados. Sus descargos, si se presentan, deberán integrarse a la cobertura con la misma precisión que la denuncia. La discusión pública puede controlar el uso de fondos municipales sin reemplazar el procedimiento legal: publicar documentos, fechas y respuestas verificables será más útil que reproducir acusaciones partidarias como conclusiones.