La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley este miércoles la eliminación definitiva de las pensiones vitalicias de las que gozaban gobernadores y vicegobernadores una vez concluidos sus mandatos. La iniciativa, que había sido remitida por el Poder Ejecutivo provincial y ya contaba con aval del Senado, fue aprobada por unanimidad.
La sanción deroga formalmente la Ley 4.506, una normativa sancionada en 1965 que garantizaba a los mandatarios salientes un ingreso equivalente al 75% del sueldo fijado para el cargo en ejercicio. Con la promulgación de la reforma, los actuales titulares de la gobernación serán los primeros en quedar alcanzados por la restricción al culminar su período de gestión.
El consenso legislativo y el marco de austeridad
El proyecto contó con el acompañamiento de todas las bancadas políticas representadas en la Cámara baja, en una sesión que coincidió en señalar la necesidad de suprimir prerrogativas previsionales incompatibles con la situación fiscal de la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio destacó que la decisión cumple un compromiso programático asumido al inicio del mandato.
Desde el oficialismo remarcaron que el recorte de privilegios institucionales forma parte de un paquete de reestructuración administrativa que incluyó la reducción de organigramas ministeriales, la baja de contratos políticos y la unificación de dependencias operativas del Estado provincial.
Impacto institucional y debate federal
La vicegobernadora Alicia Aluani valoró la determinación parlamentaria y subrayó que la equidad ante la ley exige que la dirigencia política encabece las pautas de exigencia aplicadas al conjunto de la ciudadanía. La provincia se suma así a otras jurisdicciones que avanzaron en la eliminación de regímenes especiales para altos funcionarios.
El precedente entrerriano reabre la discusión en otras legislaturas provinciales y en el propio Congreso de la Nación respecto de las asignaciones de privilegio, en un contexto de creciente escrutinio social sobre los gastos de la dirigencia pública y la sustentabilidad de los sistemas previsionales.