Nahuel Gallo publicó un descargo en el que identificó a dirigentes, funcionarios judiciales y responsables penitenciarios venezolanos a quienes atribuye participación en los 448 días que permaneció detenido. El gendarme argentino señaló como principal responsable político a Diosdado Cabello y afirmó que ya solicitó ante la Justicia argentina la detención y captura internacional de cinco funcionarios vinculados con su caso.
Las afirmaciones forman parte del testimonio de Gallo y deberán ser evaluadas en los expedientes correspondientes. Hasta el corte de esta publicación no se conoció una respuesta específica de las personas mencionadas a este nuevo planteo. Las autoridades venezolanas habían sostenido durante la detención que el argentino estaba relacionado con acciones de espionaje y terrorismo; Gallo niega esas acusaciones y denuncia que no tuvo un debido proceso.
Los nombres incluidos en el descargo
Además de Cabello, Gallo mencionó a Javier Marcano Tábata, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y a Alexander Granko Arteaga, vinculado con la estructura de Asuntos Especiales. También señaló a Carlos Enrique Rincones Serven y Alexander José Martínez Endeiza, quienes habrían ocupado responsabilidades en el penal El Rodeo I durante distintos momentos de su cautiverio.
En el plano judicial nombró al fiscal Tarek William Saab, al fiscal Farik Karin Mora Salcedo y al juez Carlos Enrique Liendo Acosta. Según su relato, el magistrado intervino en la acusación sin mantener una comunicación directa con él. Estas imputaciones se reproducen como declaraciones del denunciante, no como conclusiones independientes de Agenda Plural.
La detención y los reclamos internacionales
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 después de ingresar a Venezuela con pasaporte argentino para reunirse con su esposa y su hijo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso y señaló que había completado trámites migratorios antes de ser apartado por funcionarios para una entrevista. El Gobierno argentino reclamó información y liberación en ámbitos bilaterales e internacionales.
El episodio se incorporó a una relación regional ya atravesada por disputas diplomáticas. El análisis de las tensiones entre gobiernos sudamericanos muestra cómo los casos consulares pueden escalar cuando se combinan con diferencias políticas. Aun en contextos de confrontación, la protección consular y el debido proceso conservan obligaciones específicas.
El regreso y la estrategia ante tribunales argentinos
El gendarme regresó a la Argentina el 2 de marzo de 2026 después de más de un año privado de libertad. En abril se presentó como querellante en una causa que investiga a Nicolás Maduro y otros dirigentes venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad. Su objetivo declarado es ser reconocido como víctima y promover responsabilidades por lo ocurrido.
El anuncio de pedidos de captura abre una nueva etapa, pero la decisión corresponde al juzgado y a los mecanismos de cooperación internacional. Para avanzar, la presentación deberá individualizar conductas, aportar evidencia y superar controles de competencia. La existencia de una denuncia no implica que Interpol emita una notificación ni que otro Estado ejecute automáticamente una medida.
Testimonio, prueba y derecho de defensa
Gallo relató que los custodios utilizaban seudónimos, cubrían sus rostros y que muchas identidades fueron conocidas después. También denunció interrogatorios y torturas. La gravedad de esas afirmaciones exige preservación de documentos, peritajes y testimonios independientes. Corresponde evitar tanto la minimización de su experiencia como la presentación anticipada de responsabilidades penales aún no resueltas.
El derecho de defensa alcanza a todas las personas señaladas y obliga a incorporar cualquier respuesta que formulen. Esa cautela es la misma que debe observarse en investigaciones regionales sensibles, como la cobertura sobre acusaciones políticas y procesos judiciales en Bolivia, donde declaración, imputación y sentencia describen etapas distintas.
El Gobierno argentino ya había reconocido públicamente los 448 días de privación de libertad al recibir a Gallo en la Casa Rosada. La nueva publicación personal agrega nombres y una hoja de ruta judicial. El próximo avance verificable no será la reiteración de las denuncias, sino una resolución formal que acepte medidas, requiera cooperación o delimite las responsabilidades investigadas.
Hasta entonces, el caso debe narrarse con dos niveles claros: lo que está documentado sobre la detención y el regreso, y lo que Gallo atribuye a funcionarios concretos. Esa separación protege el derecho de la víctima a reclamar justicia, el derecho de réplica de los señalados y la calidad de una investigación que necesitará pruebas capaces de sostenerse ante tribunales.
La cooperación judicial puede incluir exhortos, pedidos de información y medidas de preservación de prueba antes de cualquier captura. También puede enfrentar límites por jurisdicción, inmunidades o falta de cooperación estatal. Esas dificultades no invalidan la denuncia, pero explican por qué el proceso puede avanzar de forma gradual. La próxima información relevante deberá provenir de resoluciones, presentaciones incorporadas al expediente o respuestas formales de las personas mencionadas. Cualquier novedad deberá precisar qué tribunal interviene, qué medida fue solicitada y cuál fue efectivamente concedida. La verificación pública será decisiva.