Agenda Plural · Buenos Aires · 27 de agosto de 2026Edición digital · Periodismo independiente
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Tensión regional · Política boliviana

Rodrigo Paz denunció una campaña sucia en Bolivia orquestada desde la Argentina por Fernando Cerimedo

Rodrigo Paz rechazó vínculos con el consultor argentino Fernando Cerimedo, preso en Palmasola por intento de femicidio, y denunció ciberataques contra su gestión.

El Palacio Quemado de La Paz y la sede gubernamental de Bolivia bajo cielo despejado
El presidente boliviano Rodrigo Paz deslindó a su gestión de los expedientes penales del consultor Fernando Cerimedo.

Por Directora editorial · Política

Política · 6 min de lectura
PresidenciaDeslinde institucional
PalmasolaPrisión preventiva
180 díasPlazo cautelar

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, fijó una postura terminante al desestimar cualquier relación contractual o mandato representativo directo entre su administración gubernamental y el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien permanece detenido en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra bajo imputaciones penales graves. Durante un acto oficial desarrollado este sábado en el departamento de Tarija, el mandatario reaccionó con visible molestia frente a los requerimientos periodísticos sobre el caso, calificó las sospechas como parte de una «campaña regional de desprestigio» contra su gestión y denunció maniobras coordinadas de desestabilización digital impulsadas desde la Argentina y México.

«Por última vez, será responsabilidad de la Justicia y de aquellos organismos que tengan que investigar en el marco de la ley. Con Cerimedo la cooperación respondió a su experiencia en estrategias electorales junto a un sistema internacional, en el marco de la segunda vuelta de 2025. Fue una decisión para devolver a Bolivia al escenario global, pasando del aislamiento al diálogo con mandatarios del continente. Usamos vías legítimas para que el país fuera escuchado», sostuvo Paz ante la prensa local.

El deslinde institucional de la Casa Grande del Pueblo

Las declaraciones de Paz en Tarija ratificaron el contenido del pronunciamiento emitido días atrás por la Dirección de Comunicación de la Presidencia boliviana, en el que se negó de forma taxativa la existencia de contratos vigentes, pagos presupuestarios o acreditaciones diplomáticas para el estratega argentino. «Jamás contó con autorización legal para representar a este presidente, a la Presidencia del Estado, a los ministerios ni a mi familia. La representación pública se canaliza únicamente mediante mandatos constitucionales asignados a ministros, viceministros y embajadores», puntualizó la jefatura de Estado.

El mandatario admitió que la vinculación de Cerimedo se extendió brevemente hacia el inicio del período de transición, pero argumentó que la falta de presencia física constante en territorio boliviano tornó inviable un esquema de trabajo permanente. Asimismo, Paz vinculó las críticas hacia su investidura con un intento de sectores opositores de encasillar ideológicamente a su administración y frenar las reformas productivas que promueve su gobierno tras décadas de polarización política en la nación andina.

La compleja situación procesal de Cerimedo en Santa Cruz

El frente judicial que envuelve al consultor argentino atraviesa una instancia perentoria en los tribunales cruceños. Cerimedo fue aprehendido por la Policía Boliviana el 18 de agosto en Santa Cruz y remitido posteriormente a Palmasola, donde cumple un régimen de detención preventiva por 180 días dictado por un juzgado de instrucción cautelar, imputado por el delito de tentativa de feminicidio tras el ataque armado perpetrado por desconocidos contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

A esa causa principal se suman otros dos expedientes sustanciados por el Ministerio Público Fiscal de Bolivia. Tras su captura, la Fiscalía General abrió una investigación de oficio por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias no declaradas, orientada a rastrear flujos de divisas y honorarios ingresados a cuentas bancarias locales. Paralelamente, la Justicia tramita una denuncia por violencia familiar que Beller radicó en julio, denunciando amenazas reiteradas y agresiones en el ámbito intrafamiliar.

La disputa por el traslado al penal de máxima seguridad

La tensión en torno a la reclusión del asesor escaló este fin de semana tras el fallo de un Tribunal de Garantías Constitucionales de Santa Cruz, que rechazó una acción de libertad impulsada por su defensa para frenar la orden de traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El abogado defensor Ernesto Tórrez sostuvo que carece de racionalidad jurídica alojar a su cliente en el penal paceño cuando las audiencias orales y las pruebas periciales se concentran en Santa Cruz de la Sierra.

«El traslado a Chonchocoro representa una amenaza directa contra la vida y la integridad física de nuestro defendido, existiendo advertencias de hostilidad de grupos internos», alegó Tórrez ante los magistrados. En tanto, el letrado Ernesto Giraldes comunicó que Cerimedo sufrió una descompensación médica el viernes por la noche en la enfermería de Palmasola, requiriendo atención por un cuadro de estrés agudo, taquicardia e hipertensión arterial derivado de su encierro.

Impacto geopolítico y repercusiones en la diplomacia regional

El escándalo que rodea a Fernando Cerimedo proyecta una densa sombra sobre los canales de diálogo diplomático entre Buenos Aires y La Paz. Analistas internacionales destacan que las declaraciones de Paz Pereira exteriorizan el desgaste de los vínculos bilaterales en el Cono Sur, condicionados por la confrontación ideológica y el escrutinio judicial sobre el financiamiento de operaciones digitales en procesos electorales de América Latina.

Mientras la Cancillería argentina monitorea mediante su consulado en Santa Cruz la situación legal del ciudadano detenido para asegurar el debido proceso, las autoridades bolivianas reiteran que no tolerarán interferencias foráneas en las investigaciones. El desenlace del proceso marcará un hito procesal clave sobre las responsabilidades penales de los operadores tecnológicos y la transparencia de la consultoría política en la región.

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Malena Quiroga

Periodista y editora con experiencia en cobertura parlamentaria y gestión pública. Coordina la agenda diaria y supervisa los procesos de verificación de la redacción.

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