El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires fijó formalmente el cronograma para la conclusión definitiva del histórico juicio oral y público por las irregularidades y desvíos millonarios de fondos en el programa de construcción de viviendas sociales «Sueños Compartidos», impulsado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Según confirmaron fuentes judiciales de los tribunales de Comodoro Py, los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg escucharán las últimas palabras de los nueve imputados el próximo viernes 11 de septiembre en horas de la mañana, para dar a conocer el veredicto condenatorio o absolutorio ese mismo día.
La culminación de este extenso debate oral, que demandó años de audiencias testimoniales, peritajes contables y análisis documental, marca uno de los hitos procesales más trascendentes en la historia judicial reciente de la Argentina. En el banquillo de los acusados aguardan la resolución judicial figuras de alto rango de la administración kirchnerista, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes se desempeñaron como apoderados legales y administradores ejecutivos de la fundación humanitaria durante el auge del programa.
El mecanismo del desvío de caudales públicos bajo la lupa judicial
La investigación encabezada por el fiscal federal Diego Velasco y respaldada por la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) reconstruyó una sofisticada matriz de captación y redireccionamiento de fondos estatales destinados originalmente a la edificación de miles de viviendas sociales en barrios vulnerables del conurbano bonaerense y de provincias como Chaco, Misiones y Santiago del Estero. A través de convenios directos suscriptos entre el Ministerio de Planificación y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el Estado nacional transfirió sumas multimillonarias que debían financiar materiales de construcción, maquinaria industrial y salarios de trabajadores de cooperativas populares.
No obstante, los peritajes de la Corte Suprema y de la Policía Federal determinaron que más de doscientos millones de pesos de valor histórico fueron desviados hacia cuentas bancarias personales, empresas satélite no declaradas y financieras clandestinas vinculadas al círculo íntimo de los hermanos Schoklender. La prueba acumulada reveló la compra de embarcaciones de lujo, aeronaves privadas, propiedades inmuebles y vehículos de alta gama que nada tenían que ver con la misión humanitaria y comunitaria del plan habitacional, generando un severo quebranto al erario público y dejando decenas de obras inconclusas en zonas postergadas.
Los alegatos y las réplicas finales en Comodoro Py
Durante las últimas audiencias de alegatos, la fiscalía sostuvo que la maniobra delictiva no habría sido posible sin la omisión deliberada y la complicidad funcional de las máximas autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, quienes flexibilizaron los controles administrativos, convalidaron certificaciones de obra apócrifas y continuaron librando pagos millonarios a pesar de las reiteradas advertencias formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Por tal motivo, el fiscal Velasco encuadró las conductas en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, reclamando además el decomiso de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con dinero ilícito.
Por su parte, los abogados defensores de Julio De Vido y José López insistieron en que sus defendidos no poseían competencia directa sobre el control operativo del plan de viviendas, atribuyendo la responsabilidad fáctica y contable exclusivamente a los apoderados de la entidad social. En tanto, las defensas técnicas de Sergio y Pablo Schoklender argumentaron la existencia de prescripción de la acción penal por el paso del tiempo y cuestionaron la validez procesal de los informes periciales, alegando que los fondos públicos fueron aplicados a los costos inflacionarios de la producción industrial de paneles de construcción.
El impacto político e institucional de la sentencia
El inminente fallo del Tribunal Oral Federal 5 reviste una enorme carga simbólica e institucional para el sistema democrático argentino. Por un lado, aborda una causa judicial que afectó profundamente la credibilidad de un organismo de derechos humanos de trayectoria universal como las Madres de Plaza de Mayo, cuya dirigencia histórica encabezada por la fallecida Hebe de Bonafini siempre desconoció su participación directa en los manejos financieros de los apoderados. Por otro lado, la sentencia fijará un precedente jurisprudencial clave sobre la responsabilidad penal de los altos funcionarios ministeriales en la fiscalización de subsidios y transferencias estatales a entidades intermedias.
Legisladores y dirigentes de diversos espacios políticos aguardan la definición del tribunal como una señal indispensable de combate a la impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho. Con la habilitación de las últimas palabras y la posterior lectura de la sentencia, Comodoro Py se apresta a cerrar un capítulo judicial de máxima tensión que marcará para siempre la memoria política de las últimas décadas en el país.
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