Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática en PISA 2025, once menos que en la medición de 2022. El retroceso fue el más pronunciado de la región en esa disciplina y se combinó con bajas en Lectura y Ciencias. El dato más delicado es que el 76 por ciento de los estudiantes evaluados no alcanzó el nivel 2, considerado el umbral mínimo para resolver situaciones básicas mediante conocimientos matemáticos.
La evaluación coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos analiza el desempeño de jóvenes de 15 años. En el operativo argentino participaron aproximadamente 11.200 estudiantes de 413 escuelas. La muestra busca representar al sistema y no ofrece un examen individual de cada establecimiento.
Una caída que alcanza las tres áreas evaluadas
En Matemática, el puntaje pasó de 378 en 2022 a 367 en 2025. Lectura disminuyó doce puntos y Ciencias, trece. Los movimientos consolidan una trayectoria preocupante después de la alteración que produjo la pandemia sobre la continuidad pedagógica. La nueva medición no muestra una recuperación generalizada de los aprendizajes.
Solo el 24 por ciento de los participantes alcanzó al menos el nivel básico en Matemática. Eso significa que una mayoría tiene dificultades para interpretar información sencilla, elegir un procedimiento y aplicar relaciones elementales en contextos cotidianos. No equivale a que tres de cada cuatro jóvenes “no sepan matemática”, una simplificación que borra matices y capacidades parciales.
Qué diferencias aparecen dentro del país
Las jurisdicciones que ampliaron su muestra permiten observar resultados propios. La Ciudad de Buenos Aires se mantuvo por encima del promedio nacional, mientras Córdoba y Mendoza exhibieron desempeños intermedios. Las diferencias territoriales no habilitan rankings aislados sin considerar composición social, cobertura y condiciones de escolarización.
El sistema argentino presenta desigualdades que atraviesan gestión estatal y privada, regiones y niveles de ingreso. Los perfiles dedicados a gestión y continuidad educativa muestran que sostener trayectorias requiere decisiones institucionales, no una medida única. También importan la formación docente, el tiempo efectivo de clase y la disponibilidad de materiales.
Qué mide PISA y qué deja fuera
Las pruebas no replican un programa escolar específico. Plantean problemas que exigen usar conocimientos en situaciones nuevas y, en 2025, el foco principal estuvo puesto en Ciencias y en aprendizajes vinculados con entornos digitales. Matemática y Lectura conservaron módulos que permiten seguir la evolución histórica.
El operativo ofrece información valiosa sobre capacidades, pero no mide todas las finalidades de la escuela. Ciudadanía, convivencia, creatividad, formación artística y acompañamiento social quedan parcialmente fuera de un puntaje estandarizado. La cobertura sobre educación e inclusión ayuda a situar esos otros objetivos sin relativizar la urgencia de mejorar aprendizajes básicos.
De la alarma al diagnóstico educativo
La discusión pública suele oscilar entre minimizar el resultado y convertirlo en una sentencia definitiva. Ninguna reacción ayuda a diseñar políticas. La caída exige identificar contenidos críticos, fortalecer información por escuela y acompañar a estudiantes que acumularon dificultades antes de llegar a los 15 años.
Las intervenciones efectivas necesitan continuidad. Tutorías focalizadas, alertas tempranas de inasistencia, formación situada y materiales secuenciados pueden combinarse con evaluaciones formativas. Los debates recientes sobre bienestar y salud infantil también recuerdan que aprender depende de condiciones más amplias que el aula.
El dato regional permite comparar, pero la respuesta debe construirse con evidencia local. Una mejora sostenible requiere metas verificables, publicación de avances y recursos dirigidos a las mayores brechas. La próxima medición será relevante, aunque esperar tres años para actuar sería insuficiente.
PISA 2025 deja una señal clara: Argentina no recuperó el terreno perdido y la mayoría de los alumnos continúa por debajo del nivel mínimo en Matemática. El desafío editorial y político es traducir ese diagnóstico en acciones concretas sin responsabilizar a estudiantes o docentes de manera aislada. La calidad del debate dependerá de reconocer la magnitud del problema y de evaluar, con la misma transparencia, las respuestas que se pongan en marcha.
La información también permite revisar la forma en que se comunican las evaluaciones. Comparar puntos sin explicar niveles de desempeño puede convertir una herramienta diagnóstica en una competencia superficial. Familias y comunidades escolares necesitan saber qué capacidades están comprometidas, qué apoyos se ofrecerán y cómo se medirá su eficacia durante el ciclo lectivo.
Los resultados no pertenecen a una gestión aislada: reflejan trayectorias construidas durante muchos años y atravesadas por interrupciones excepcionales. Esa continuidad temporal exige acuerdos que sobrevivan a los cambios de autoridades. Publicar metas, sostener equipos técnicos y preservar series estadísticas ayudaría a distinguir mejoras reales de anuncios coyunturales. El desafío es urgente, pero las respuestas requieren persistencia.
Las próximas decisiones deberán identificar responsables, plazos y recursos, y explicar con datos comparables si las medidas reducen las brechas observadas.
La respuesta deberá incluir además a las escuelas con mayores dificultades y evitar que los promedios nacionales oculten diferencias profundas. Una política focalizada puede reforzar alfabetización matemática temprana, acompañar transiciones hacia la secundaria y ofrecer tiempo adicional de enseñanza. Para evaluar su resultado será necesario publicar avances intermedios, no solamente esperar la siguiente prueba internacional.