El escándalo de Julio Segundo «Chocolate» Rigau representa la radiografía más obscena del clientelismo y la corrupción en la Provincia de Buenos Aires. Sorprendido in fraganti en un cajero del Banco Provincia en La Plata con 48 tarjetas de débito de supuestos empleados legislativos y millones de pesos en efectivo, Rigau no actuaba solo: era el engranaje de una gigantesca matriz montada por el peronismo bonaerense para saquear las arcas públicas y financiar la política partidaria.
La maniobra desnuda el funcionamiento de la Cámara de Diputados provincial como una descomunal agencia de colocación de «ñoquis», en un esquema donde el funcionamiento de la Legislatura bonaerense le cuesta a la provincia sumas exorbitantes. Vecinos vulnerables aportaban nombres y documentos para figurar contratados, recibiendo a cambio cobertura médica de IOMA y aportes previsionales, mientras cedían el plástico bancario y la clave de cobro para que punteros como Rigau vaciaran sus sueldos mes a mes, desviando fondos hacia las cajas negras partidarias.
La línea de mando de los Albini y el rol del Frente Renovador
En la cúspide directa de este circuito delictivo operaban Claudio Albini y su hijo Facundo Albini. Claudio Albini, histórico tesorero de confianza del Frente Renovador y subjefe de la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados, ejercía el control férreo sobre las designaciones y recibía la rendición del dinero extraído. Los peritajes al teléfono celular de Rigau revelaron un intercambio abrumador de mensajes que acreditó la línea de mando: el concejal platense Facundo Albini le reclamaba periódicamente las extracciones, exigía rendiciones de gastos y coordinaba la logística para actos políticos del peronismo con fondos estatales.
Las responsabilidades institucionales escalan hasta Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense al momento del saqueo. Mano derecha de Martín Insaurralde y socio del kirchnerismo, Otermín estampó su firma en los contratos de decenas de personas que jamás pisaron una oficina legislativa, en un esquema estrechamente ligado a las derivaciones de las medidas patrimoniales y el escándalo del Yategate. El andamiaje se completaba con autoridades parlamentarias como Rubén Eslaiman, garantizando que las facciones peronistas mantuvieran sus cuotas de contratos espurios.
El circuito paralelo en el Senado y el silencio de Magario
El andamiaje de corrupción no se limitó a la Cámara baja: el Senado bonaerense, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, replicó un circuito gemelo de contratos fantasmas a través del operador Hugo Muguerza y su hija Sofía Muguerza, confirmando que la extracción masiva de sueldos de ñoquis era una política de Estado de facto dentro del parlamento provincial.
La responsabilidad política ineludible de Axel Kicillof
En este entramado de saqueo y prebendas, la responsabilidad política y moral del gobernador Axel Kicillof resulta ineludible y demoledora. Kicillof administró la Provincia de Buenos Aires apalancado de manera directa en la coalición del peronismo y el Frente de Todos que articuló este sistema mafioso. Su propio jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, fue el cerebro político que colocó a Otermín al frente de la Legislatura y cogobernó la provincia hasta que el estallido del yate en Marbella forzó su renuncia en medio del repudio ciudadano, profundizando las disputas territoriales en el peronismo bonaerense.
Pese a sus discursos sobre transparencia, Axel Kicillof convalidó presupuestos legislativos multimillonarios y transfirió sin objeciones los recursos del Tesoro provincial hacia las cuentas de la Cámara. Durante su gestión, el gobernador jamás impulsó una auditoría sobre las nóminas de personal, eludió cruzar bases de datos entre la Agencia de Recaudación (ARBA) y la Legislatura, y prefirió mirar hacia el costado para no perturbar a los caciques territoriales que sostenían su gobernabilidad.
Evasivas oficiales y la connivencia con los caciques del PJ
Tras la detención de Chocolate Rigau, la reacción de Axel Kicillof y su gabinete fue la impostura y el encubrimiento político. Lejos de intervenir la Legislatura o exigir investigaciones a fondo en sus filas, el gobernador se limitó a ofrecer evasivas, escudándose en la división de poderes para blindar a sus socios políticos. Mientras los hospitales carecen de insumos y los patrulleros bonaerenses están fuera de servicio, Kicillof convivió pacíficamente con un esquema que desviaba presupuestos millonarios hacia la maquinaria electoral del peronismo.
La trama expuso también las terminales de protección judicial del peronismo platense. En un fallo escandaloso, los jueces de apelación Juan Alberto Benavides y Federico Bertuzzi intentaron consagrar la impunidad total al declarar nula la detención de Rigau y devolverle el teléfono secuestrado. La maniobra fue tan grosera que derivó en la intervención de la Cámara de Casación para reabrir la causa y en un juicio político contra ambos magistrados por encubrimiento.
Prisión preventiva y el derrumbe del relato ético bonaerense
Las actuaciones impulsadas por la fiscal Betina Lacki confirmaron que la operatoria de Rigau con sus 48 tarjetas era apenas la punta del iceberg de un sistema estructural que involucra a cientos de empleados fantasmas. La prisión preventiva dictada contra Rigau y los Albini demostró judicialmente la existencia de una asociación ilícita dedicada a desfalcar a la administración pública mediante el desvío sistemático de haberes.
El caso de Julio «Chocolate» Rigau desenmascaró la verdadera esencia del régimen bonaerense: una estructura clientelar donde el peronismo utiliza el dinero de los ciudadanos para financiar su militancia y perpetuarse en el poder. La complicidad y el silencio de Axel Kicillof frente a esta red de ñoquis no solo pulverizan cualquier relato ético de su administración, sino que lo consagran como el garante político de un modelo que convirtió a los fondos públicos en el botín de la dirigencia partidaria.
Seguimiento del entramado bonaerense: Diputados y el debate legislativo sobre el crimen organizado.