El plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación emitió este atardecer dictamen de mayoría favorable sobre el proyecto de Ley Antimafia enviado por el Poder Ejecutivo, estableciendo un nuevo régimen procesal y punitivo de alcance federal para desarticular a las organizaciones delictivas complejas y facultar herramientas operativas de intervención rápida sobre territorios bajo asedio criminal. El despacho oficial cosechó el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal e Innovación Federal, reuniendo un total de setenta y dos firmas que garantizan el tratamiento preferencial de la iniciativa en el recinto de sesiones ordinarias pautado para las primeras semanas del mes de octubre.
La articulación parlamentaria para acelerar el debate punitivo coincidió con los acuerdos territoriales sellados en Balcarce 50, donde horas antes se rubricó el acuerdo federal de los gobernadores del Norte con Guillermo Francos, ratificando la predisposición recíproca entre la administración nacional y los mandatarios del interior para coordinar despliegues conjuntos de pacificación ciudadana. La iniciativa aprobada en comisión introduce una reforma profunda al Código Penal de la Nación al tipificar de forma autónoma la figura de asociación criminal calificada para aquellas organizaciones integradas por tres o más personas destinadas a perpetrar delitos de narcotráfico, lavado de activos, extorsión, trata de personas, contrabando agravado y homicidios por encargo.
La figura de asociación criminal y la unificación de penas
El principio rector del articulado se inspira conceptualmente en los postulados de la ley antimafia italiana y en el andamiaje de la histórica legislación RICO estadounidense. Bajo este esquema normativo, cada integrante de una red criminal comprobada será pasible de recibir la condena correspondiente al delito más gravoso cometido por cualquier miembro del colectivo, con prescindencia del grado de autoría material directa en el suceso individual bajo juzgamiento. Miembros informantes del oficialismo argumentaron que esta figura legal resulta indispensable para neutralizar a los cerebros directivos y a las terminales financieras que planifican y sufragan la violencia sin necesidad de empuñar un arma de fuego ni transportar sustancias prohibidas.
El texto consensuado por los legisladores fija escalas penales que oscilan entre los ocho y los veinte años de reclusión efectiva para los organizadores, financistas y jefes operativos de las bandas. Asimismo, el proyecto clausura expresamente la posibilidad de conceder salidas transitorias, libertades condicionales o arrestos domiciliarios a condenados por pertenencia a este tipo de agrupaciones durante el cumplimiento de los dos primeros tercios de sus penas privativas de la libertad.
Facultades operativas en zonas de investigación especial
Uno de los ejes más discutidos durante la ronda de exposiciones técnicas fue la creación formal de las denominadas Zonas de Investigación Especial. Esta herramienta procesal autoriza al Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante resolución debidamente fundada y con notificación inmediata al juez federal de turno, a declarar un polígono territorial bajo régimen preventivo reforzado por un lapso perentorio de noventa días prorrogables. Dentro de ese perímetro delimitado, las fuerzas de seguridad federales contarán con facultades para realizar retenes de control vehicular exhaustivo, secuestro preventivo de cargas mercantiles sin respaldo fiscal y retención transitoria de sospechosos para averiguación de identidad.
Para despejar objeciones sobre presuntos excesos policiales y garantizar el control republicano, los diputados de las bancadas dialoguistas incorporaron salvaguardas legales que obligan a las autoridades ministeriales a remitir un balance quincenal pormenorizado a la Comisión Bicameral de Seguridad Interior del Congreso, detallando la cantidad de personas identificadas, elementos incautados y actuaciones labradas.
Decomiso anticipado de bienes y ahogo financiero
El proyecto establece un procedimiento expedito de extinción de dominio y decomiso preventivo de activos, habilitando a los magistrados a cautelar inmuebles, galpones logísticos, rodados de alta gama, embarcaciones y billeteras de criptoactivos desde la instancia del procesamiento judicial. El producido económico de las subastas tempranas de estos bienes será canalizado con carácter obligatorio al Fondo Federal de Equipamiento de las Fuerzas de Seguridad y a programas de contención psicosocial de víctimas de la violencia urbana.
Por su parte, los legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda suscribieron dictámenes de minoría y de rechazo absoluto, advirtiendo sobre el peligro de vulnerar garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional y señalando reparos frente a la discrecionalidad administrativa para definir áreas de intervención sin mandato judicial previo.
Hacia la sesión definitoria en el recinto de Diputados
Con la firma de los despachos parlamentarios, el titular de la Cámara Baja quedó en condiciones de convocar a la sesión especial donde se pondrá a consideración la media sanción. En los despachos oficiales estiman alcanzar una base superior a los ciento treinta votos afirmativos, asegurando una mayoría sólida para girar la iniciativa al Senado de la Nación antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Agenda Plural presenció las reuniones de comisión en el Palacio Legislativo y dialogó con los principales redactores técnicos de la norma. La sanción del dictamen de la Ley Antimafia marca un viraje estratégico en el diseño de la seguridad interior del país, priorizando el combate sistemático de las redes ilícitas desde su estructura económica y territorial.