El presidente Javier Milei firmó el decreto que declara a Aerolíneas Argentinas bajo la condición jurídica de sujeta a privatización, amparándose en las potestades delegadas por el artículo 9 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado. La decisión del Poder Ejecutivo Nacional fue comunicada formalmente en Casa Rosada por el vocero presidencial Manuel Adorni y traslada de inmediato el centro de gravedad político hacia el Congreso de la Nación, donde ambas cámaras legislativas deberán convalidar o rechazar la desvinculación societaria del Estado en la línea aérea de bandera.
La resolución oficial llega tras semanas de extrema fricción gremial con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), cuyos paros sorpresivos y asambleas escalonadas provocaron cancelaciones masivas de vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, afectando a más de 120.000 pasajeros. El texto del decreto argumenta que la compañía arrastra un déficit acumulado insostenible superior a los 8.000 millones de dólares desde su reestatización en el año 2008, obligando a continuas transferencias del Tesoro para cubrir desequilibrios operativos.
Desde el punto de vista procedimental, la firma del decreto presidencial no ejecuta la venta de activos de forma automática. La normativa exige que el Congreso emita una ley ratificatoria para autorizar la liquidación, cesión del paquete accionario o concesión integral del servicio. Ante este escenario, la Casa Rosada activó gestiones de urgencia con las bancadas del PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal para acelerar el tratamiento conjunto en las comisiones de Transportes y Presupuesto de la Cámara Baja.
El plan gubernamental contempla diversos esquemas de privatización, que van desde el ingreso de un operador aéreo internacional de primera línea mediante una licitación pública internacional hasta la posibilidad de ceder el paquete mayoritario a los propios empleados bajo un régimen de propiedad participada. Los ministros de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado sostienen que el mercado aerocomercial argentino requiere un marco de cielos abiertos con competencia genuina, eliminando los privilegios de exclusividad operativa y subsidios cruzados.
Los asesores jurídicos de Balcarce 50 redactaron cláusulas complementarias destinadas a blindar patrimonialmente los hangares, simuladores de vuelo y rutas bilaterales adjudicadas por convenios internacionales. La intención declarada del gabinete es evitar juicios millonarios de acreedores externos y consolidar un proceso de tasación técnica supervisado por la Auditoría General de la Nación y la Comisión Nacional de Valores.
La batalla de números y el balance operativo de la aerolínea
Las autoridades designadas por el Ejecutivo al frente de Aerolíneas Argentinas presentaron un informe financiero pormenorizado para defender la viabilidad del traspaso a manos privadas. El documento oficial consigna que la planta de personal alcanza los 11.800 trabajadores para una flota de 84 aeronaves, arrojando un promedio de empleados por avión significativamente superior al de competidores regionales de bajo costo como JetSmart o Flybondi. Asimismo, las cláusulas de los convenios colectivos vigentes incluyen beneficios laborales y traslados terrestres que encarecen el costo por asiento disponible.
Por el contrario, los sindicatos aeronáuticos agrupados en el frente gremial rechazaron enérgicamente los diagnósticos oficiales y denunciaron una maniobra premeditada de vaciamiento para desarticular la conectividad federal. Los representantes gremiales argumentan que la empresa conecta a más de 20 destinos provinciales donde ninguna otra aerolínea comercial opera por falta de rentabilidad directa, funcionando como una herramienta estratégica de integración económica, turismo y traslado sanitario.
La pulseada legislativa que se avecina en el Parlamento pondrá a prueba la solidez de las alianzas oficialistas en un recinto fragmentado. Este escenario parlamentario dialoga con otros hitos legislativos de reciente resolución, tales como el avance de la Ley de Soberanía para castigar la pesca ilegal en Malvinas y los consensos multipartidarios construidos en torno a el dictamen de la Ley Antimafia contra organizaciones criminales.
Tiempos políticos y articulación con los bloques dialoguistas
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coordinó un cronograma de plenarios de comisiones que convocará a funcionarios del área de transporte, autoridades aeronáuticas y delegados sindicales para exponer sus posiciones durante la primera semana de octubre. El oficialismo aspira a conseguir un dictamen de mayoría favorable antes de que expire el período ordinario de sesiones, evitando que la discusión quede postergada para el calendario electoral de 2027.
Las fuerzas provinciales han condicionado su respaldo a la inclusión de salvaguardas explícitas que garanticen la frecuencia y tarifas de los vuelos a ciudades del interior que carecen de alternativas ferroviarias o terrestres rápidas. Estas negociaciones coinciden con el debate sobre la modernización de los sistemas electorales, reflejado en la ratificación de la Boleta Única de Papel como nuevo estándar para los comicios venideros.
Con la rúbrica del decreto, el Gobierno abre una de las batallas ideológicas y de gestión más simbólicas de su mandato. El futuro de la principal línea aérea del país quedará en manos de los legisladores, quienes deberán saldar la histórica controversia entre la intervención estatal en áreas de servicio público y la apertura total del mercado a la inversión de capitales privados.